Este lunes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expuso pruebas que sugieren la existencia de presuntos actos de corrupción durante la gestión del exalcalde Daniel Quintero. Los 501 hallazgos fueron remitidos a los órganos de control, destacando que la Procuraduría General y la Personería de Medellín tienen en su posesión 262 de ellos, la Contraloría General cuenta con 156, y la Fiscalía con 83.
El mandatario precisó que, hasta el momento, luego de la auditoría forense, se han encontrado 501 hechos de presunta corrupción. “Ya están en conocimiento de las autoridades competentes. Estos hallazgos los hemos detectado en estos primeros dos meses de gobierno, al tiempo que gobernamos, ponemos la casa en orden”, dijo el mandatario.
Asimismo, el alcalde Gutiérrez precisó que “recibieron una casa incinerada, vandalizada y saqueada”. “Todos los hallazgos son importantes, pero hoy vamos a dar detalles de solo algunos de ellos”.
Uno de los primeros hallazgos mencionados por el alcalde Fico Gutiérrez fue titulado «Computadores sin futuro», el cual se presume fue fraudulento y plagado de irregularidades. Se identificaron modificaciones en las especificaciones técnicas del producto después de la adjudicación, supuestas celebraciones indebidas de contratos, presunto favorecimiento a una empresa oferente, supuestos sobrecostos cercanos a los 38.000 millones de pesos y, no menos significativo, un presunto peculado en beneficio de terceros. Durante el proceso, se evidenció que la empresa oferente, que era la primera opción, no cumpliría con el precio ofertado, ya que estaba muy por debajo del precio de mercado. Conscientes de esta situación, optaron por retirarse del proceso, y el contrato se adjudicó al segundo oferente, según explicó el mandatario.
Asimismo, señaló que el contrato comenzó con 80 mil millones de pesos y finalizó con un valor de 118 mil millones de pesos, lo que implica un aproximado de 38.000 millones de pesos en sobrecostos. El alcalde denunció que, a pesar de las irregularidades, los Computadores Futuro se distribuyeron y más de 9.000 de ellos se entregaron como incentivo, lo que constituiría un presunto peculado en favor de terceros. Esta práctica carece de sustento legal, ya que la Constitución prohíbe la donación por parte de entidades públicas a particulares.
