La reciente muerte de Francini Orlando Restrepo, de 48 años, en un calabozo de la Sijín, ha exacerbado la crisis.
La alarmante situación de los centros de detención provisional en Medellín y Antioquia ha vuelto a encender las alertas. Jorge Alberto Carmona Vélez, reconocido defensor de los derechos humanos de la población privada de la libertad, ha lanzado un vehemente llamado al alcalde Federico Gutiérrez y al gobernador de Antioquia, exigiendo acciones urgentes para enfrentar la crisis carcelaria que azota al departamento.
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Carmona Vélez denunció la grave crisis humanitaria, sanitaria y alimentaria que enfrentan los detenidos en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URIs) de Medellín. Según el defensor, esta situación se ha prolongado por más de una década, sin que las autoridades locales y nacionales hayan logrado garantizar la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en estas instalaciones.
La reciente muerte de Francini Orlando Restrepo, de 48 años, en un calabozo de la Sijín, ha exacerbado la crisis. Aunque la hipótesis inicial apunta a un infarto, este lamentable hecho evidencia las precarias condiciones en las que se encuentran los detenidos. Asimismo, la fuga de cuatro presos del complejo penitenciario El Pedregal el pasado lunes 5 de agosto pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema carcelario.
El defensor de los derechos humanos criticó duramente la aparente indiferencia de las autoridades ante esta problemática. Carmona Vélez recordó que, mientras el alcalde y el gobernador se ocupan de la crisis venezolana, los problemas internos de la ciudad, especialmente la crisis carcelaria, se han dejado de lado. En este sentido, el defensor hizo hincapié en el incumplimiento de la orden de la Corte Constitucional de 2019, que exigía el traslado de todos los privados de la libertad de las estaciones de policía a un solo lugar mientras se construye la nueva cárcel.
Esto dijo el defensor:
«Es hora de que las autoridades dejen de jugar a ser libertadores en otras latitudes y se enfoquen en los problemas reales de nuestra ciudad», afirmó Carmona Vélez. «La crisis carcelaria es una bomba de tiempo que no podemos seguir ignorando. Exigimos soluciones concretas y de fondo para garantizar la vida y la dignidad de las personas privadas de la libertad«, puntualizó Carmona.
Es importante recordar que; con una votación de 11 votos positivos y 9 negativos, el Concejo aprobó un proyecto de acuerdo y la alcaldía podrá disponer de más de $670.000 millones para construir una nueva cárcel mediante la figura de Alianza Público Privada (APP).
En total, se aprobaron vigencias por $56.210 millones anuales efectivos entre 2026 y 2037.
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El funcionamiento está planteado para el 2026 bajo el modelo público privado. Dicha cárcel, ubicada en San Cristóbal, tendrá capacidad para a 1.339 personas en calidad de sindicados.
