Ante la confirmación de la muerte de siete menores de edad en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de la República y la estructura criminal liderada por alias “Iván Mordisco”, el Ministerio Público expresa en primer lugar su más profunda condena por el atroz delito de reclutamiento y utilización de menores por parte de estructuras criminales al margen de la ley, práctica que constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El Fiscal General, Gregorio Eljach, lamenta profundamente la pérdida de estas vidas inocentes y en este momento extiende un abrazo solidario a sus familiares y a toda la sociedad colombiana.
Entre los años 2024 y 2025 a la fecha, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes continúa mostrando un aumento desproporcionado que preocupa a este organismo de control y debe desencadenar el rechazo de toda la sociedad. De acuerdo con cifras obtenidas por el Ministerio Público en el ejercicio de sus medidas preventivas, a pesar del subregistro claramente visible en estos casos, más de 740 menores fueron reclutados durante este período. En 2024 se denunciaron 578 víctimas (351 niños, 227 niñas). 277 de ellos eran indígenas.
Estos niños, niñas y adolescentes habrían sido reclutados por las estructuras denominadas “Estado Mayor Central”, “Disidentes” y el “ELN”. Los departamentos más afectados son Cauca, Norte de Santander, AntioquíaValle del Cauca, Putumayo, Huila, Nariño, Arauca y, precisamente, Guaviare. Por su parte, el ICBF informa que entre 2024 y 2025 se han recuperado de estas estructuras criminales 370 menores de entre 13 y 17 años, de los cuales el 70% son niños y el 30% niñas.
La Fiscalía General de la Nación denuncia con absoluta contundencia que grupos armados ilegales continúan absorbiendo a niñas, niños y adolescentes en sus filas, quitándoles su infancia, su libertad y, en muchos casos, su vida. Ninguna causa o ideología puede justificar el uso de menores en las guerras. Este infame crimen no sólo destruye el tejido social sino que también deja una huella de dolor irreparable en las familias y comunidades del país. Los colombianos no toleraremos que delincuentes quiten de esta manera la vida a nuestros hijos y nietos, ni aceptaremos excusa alguna para este terrible crimen, que legalmente no es amnistía, ni estamos socialmente preparados para perdonar.
En este contexto, el Fiscal General también recuerda a las fuerzas armadas de la nación su deber de observar y perfeccionar permanentemente los protocolos y procedimientos operativos que garanticen el pleno respeto al derecho internacional humanitario y a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. El Ministerio Público reconoce la difícil labor y sacrificios de las fuerzas armadas en la defensa de la seguridad nacional y las insta a continuar su misión dentro de los más altos estándares éticos y legales, en armonía con la protección de la vida humana y la dignidad de las víctimas. Desde esta perspectiva, el Ministerio Público cumplirá con su deber de investigar con tranquilidad, imparcialidad y rigor los hechos ocurridos y, de ser necesario, imponer las sanciones disciplinarias correspondientes.
El Ministerio Público reafirma su compromiso continuo de monitorear, prevenir y sancionar todas las formas de violaciones a los derechos de la niñez y la adolescencia, y orientar a las instituciones estatales en la consolidación de la paz basada en el respeto absoluto al derecho a la vida y a las normas humanitarias. En ese marco, guiará a la sociedad, al Gobierno nacional y a todas las instituciones en el objetivo compartido de perseguir y someter al Estado de derecho el narcotráfico, el secuestro, el reclutamiento de menores, la minería ilegal y otras conductas que atenten contra el pleno ejercicio de los derechos de los colombianos, así como su tranquilidad.
