Una organización criminal dedicada al contrabando de mercancías procedentes de Asia fue desarticulada tras una extensa investigación liderada por el Ministerio Público y la Policía Nacional.
La estructura ilegal utilizó el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, como principal punto de entrada de cargamentos de textiles, prendas de vestir y otros productos que ingresan al país sin controles aduaneros.
Según las autoridades, el contrabando se dio a través de una compleja red de contactos y maniobras logísticas que permitieron sacar la mercancía del puerto sin levantar sospechas.
Para lograrlo, los miembros de la organización habrían recurrido al pago de sobornos a funcionarios del gobierno para facilitar el tránsito de los productos de Buenaventura a varias ciudades del país.
Luego de pasar los controles portuarios, la mercancía era transportada en tractocamiones hasta Bogotá, donde varias empresas fachada se encargaban de su almacenamiento, distribución y comercialización.
Luego, los productos se enviaban tanto al por mayor como al por menor a varias regiones, incluidas ciudades como Cali, MedellínPereira, Bucaramanga y Cúcuta, así como municipios fronterizos estratégicos para ventas rápidas.
Durante el proceso de investigación, el Ministerio Público logró interceptar importantes comunicaciones entre presuntos integrantes de la red en las que discutían la descarga de los cargamentos sin ser advertidos por las autoridades. Estos esfuerzos de inteligencia dieron lugar a múltiples detenciones, lo que permitió la incautación de al menos siete cargamentos de mercancías ilícitas.
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Según cálculos oficiales, el valor en aduana de los productos incautados superaría los 8 mil 500 millones de pesos, mientras que el monto relacionado con operaciones de lavado de dinero superaría los 68 mil millones de pesos, cifras que demuestran la magnitud del comercio ilícito.
Los operativos se desarrollaron simultáneamente en Bogotá y Cali, con ocho personas capturadas. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de nacionalidad china y colombiana, quienes cumplían diversas funciones dentro de la estructura, desde la logística de importación hasta la comercialización final.
La investigación surgió a partir de información recopilada en 2022, cuando las autoridades descubrieron movimientos financieros y comerciales irregulares en la capital del país vinculados a ciudadanos extranjeros.
Los capturados fueron llevados ante un juez de revisión de fianzas, donde se les imputaron delitos como concierto para delinquir, promoción del contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Nadie aceptó las acusaciones.
