Cuatro personas fueron detenidas y procesadas en distintas regiones del país por su presunta participación en graves actos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y por la producción y comercialización de material audiovisual de contenido sexual, que era enviado a contactos en el exterior.
El operativo fue liderado por la Fiscalía General, en coordinación con la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, como parte de una estrategia para combatir las redes de abuso infantil con alcance internacional.
En Bogotá, las autoridades han capturado a dos mujeres. Una de ellas está acusada de transmitir, a través de plataformas digitales, abusos sexuales contra sus propias hijas, de 4 y 9 años, a cambio de pagos realizados por una persona de contacto en Estados Unidos. Según la investigación, las transacciones financieras oscilaron entre 600 y 2.000 dólares.
La segunda detenida en la capital sería una niñera acusada de abusar sexualmente de dos menores de 2 y 8 años a su cargo, grabando los hechos y luego difundiendo los vídeos.
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En MedellínIdentificaron y capturaron a una adulta mayor que presuntamente explotaba sexualmente a su nieta de 15 años. Según la demanda, la obligó a tener relaciones íntimas con adultos, grabó los encuentros y recibió dinero a cambio del material.
El cuarto caso se registró en Ibagué, Tolima, donde un hombre fue detenido entre marzo y junio de 2025 por presuntamente obtener, almacenar y distribuir material sexual explícito de menores de edad a través de sistemas de mensajería instantánea.
Durante las diligencias de detención, las autoridades incautaron equipos electrónicos que contenían videos y fotografías que evidenciaban los abusos contra varios menores.
Los detenidos fueron llevados ante jueces de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra la Niñez y la Adolescencia (UENNA), quienes los acusaron de delitos como abuso de relaciones sexuales con menor de 14 años, pornografía con menor de edad, proxenetismo y demanda de explotación sexual de menores. Todos deben cumplir una medida de seguridad en un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial.
