Dos ex empleadas de las residencias de Julio Iglesias en el Caribe presentaron denuncias en España afirmando que fueron sometidas a exámenes médicos sin su consentimiento, además de denunciar presuntos acoso sexual y explotación laboral mientras trabajaban para el cantante. Las denuncias fueron presentadas el 5 de enero ante el Ministerio Público, que abrió una investigación previa contra el artista español.
La actuación de la justicia española se produjo tras la publicación de una investigación periodística, difundida por el medio español elDiario.es y la cadena estadounidense Univisión, que recogió los testimonios de las presuntas víctimas y documentación que sustenta las acusaciones.
Exámenes médicos sin consentimiento y prácticas discriminatorias
Según los relatos publicados por ambos medios, las denunciantes -identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura- aseguraron que durante su período de trabajo en las propiedades de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, fueron sometidas a controles médicos, incluyendo pruebas de VIH, hepatitis, clamidia, ecografías y pruebas de embarazo.
Según sus testimonios, estos estudios fueron realizados exclusivamente a mujeres, no estaban relacionados con sus funciones laborales y fueron realizados sin consentimiento informado, bajo presiones implícitas que ponía en riesgo la continuidad de su trabajo.
«Nos mandó a las niñas al ginecólogo para que nos hicieran un reconocimiento general. Éramos 10 o 12 niñas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos revisó todo. Sólo a las niñas», relató Rebeca en declaraciones a elDiario.es.
Por su parte, Laura explicó en declaraciones a Univisión: «Nos mandaron a todos al médico. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron ecografías y análisis de sangre para ver si teníamos alguna enfermedad. No me parecía normal».
Esto podría interesarte: El Tribunal Supremo prohíbe despedir a personas que estén «a un paso» de la jubilación
La investigación periodística demuestra que los controles médicos no se realizaron antes de la contratación sino durante el período laboral, que ninguna de las mujeres pagó las pruebas y que todas fueron atendidas por el mismo médico. Los denunciantes aseguraron que si bien no se les dijo explícitamente que los exámenes eran obligatorios, entendieron que formaban parte de las condiciones para mantener el empleo.
Especialistas citados en el informe indicaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que imponer pruebas ginecológicas y de embarazo sin justificación es una práctica discriminatoria por razón de sexo. Además, se recuerda que la legislación de República Dominicana impone sanciones a los empleadores que exijan pruebas de VIH a sus empleados.
Denuncias de acoso, control laboral y apoyo institucional
Además de los exámenes médicos, los denunciantes describieron un ambiente de trabajo caracterizado por un estricto control, jornadas de hasta 16 horas y controles constantes de sus teléfonos móviles. Laura, fisioterapeuta venezolana, afirmó haber sido víctima de tocamientos no consentidos, así como de repetidos comentarios sobre su cuerpo y su vida personal. Rebeca, de nacionalidad dominicana, afirmó que se sintió utilizada y deshumanizada durante su estancia en la propiedad del artista.
El caso cuenta con el apoyo de la organización feminista Women’s Link, que apoyó la presentación de la denuncia. Durante una conferencia de prensa virtual, la abogada Gema Fernández confirmó que el Ministerio Público español otorgó a ambas mujeres la condición de testigos protegidos, señalando que las denunciantes nunca fueron informadas de las condiciones reales de trabajo ni del entorno de acoso que enfrentarían.
El estudio, desarrollado a lo largo de tres años, está respaldado por documentación médica, registros telefónicos, fotografías y testimonios de otros exempleados, que también describieron un ambiente laboral hostil, según elDiario.es y Univisión. Tras la publicación del caso, Women’s Link afirmó haber recibido nuevas quejas de otros empleados asociados al entorno de la cantante, cuyas identidades permanecen confidenciales por razones de seguridad.
Hasta el momento, Julio Iglesias y su equipo legal no han respondido a las solicitudes de comentarios de los medios de comunicación que cubren la investigación. Sin embargo, una mujer identificada como gerente de una de las propiedades del artista en el Caribe calificó las acusaciones de «absurdas».
A sus 82 años, Julio Iglesias sigue siendo una de las figuras más reconocidas de la música española. El Ministerio Público de la Audiencia Nacional adelanta una investigación previa para determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar hacia un proceso judicial formal o si el caso será archivado.
