La condena de Salvatore Mancuso volvió a sacudir al poder judicial del país. La Sala de Justicia y Paz de la Corte Suprema de Barranquilla condenó al exlíder paramilitar tras encontrarlo responsable de 117 crímenes cometidos contra comunidades indígenas Wayúu y otros pobladores rurales del departamento de La Guajira.
La decisión judicial se basó en las pruebas de la Fiscalía General de la República, que logró establecer la responsabilidad de Mancuso Gómez por hechos delictivos cometidos entre 2002 y 2006, período en el que las Autodefensas Unidas de Colombia ampliaron sus acciones armadas en el norte del país.
Según la investigación, los crímenes fueron cometidos por miembros del llamado Frente Contrainsurgente Wayúu, estructura armada afiliada al Bloque Norte de las AUC, que operaba en varios puntos del territorio guajiro bajo directivas del entonces máximo líder paramilitar.
Los crímenes reconocidos incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, violencia de género y otras violaciones graves de derechos humanos contra comunidades indígenas y agrícolas.
El Ministerio Público también reconoció la destrucción y robo de elementos culturales fundamentales para la supervivencia de estas comunidades, como hamacas, mochilas, mantas y sombreros tradicionales.
Además, el asesinato de dos indígenas wayúu ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepicchon, también ubicada en Uribia.
Por estos hechos, el Tribunal condenó a Salvatore Mancuso a 40 años de prisión, le impuso una multa equivalente a 30.000 dólares (el salario mínimo legal mensual vigente) y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por el mismo período.
El fallo también reconoció como sujetos de reparación colectiva a varias comunidades wayúu de Uribia y Riohacha, que fueron directamente afectadas por las acciones del grupo armado.
