La Contraloría General de la República advirtió fuertemente sobre la falta de recursos para afrontar las indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado, señalando que los bienes suministrados por la extinta guerrilla de las FARC son insuficientes y drásticamente diferentes a lo acordado inicialmente.
Según el organismo fiscalizador, solo se necesita el 16% del presupuesto en 2026 para implementar los componentes de recuperación requeridos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La brecha económica es alarmante. Aunque el Juez de Paz estima que se necesitan 121.858 millones de pesos para cumplir con los objetivos de las sentencias, actualmente sólo se dispone de $20.000 millones.
Esta situación deja en el aire el componente integral de la recuperación, que es la columna vertebral del Acuerdo de Paz.
La Contraloría señaló que no existen partidas presupuestales claras en las entidades territoriales y nacionales para cubrir este déficit, lo que genera total incertidumbre para quienes esperan una compensación por los daños sufridos durante el período de violencia.
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Para muchos, el inventario de lo que las FARC han logrado hasta ahora es una burla del Estado. En efectivo, de los 12.070 millones de dólares prometidos, sólo han llegado al tesoro estatal poco más de 2.114 millones de dólares.
Las perspectivas para otros activos son igualmente sombrías: de los 440.020 gramos de oro granulado acordados, casi la mitad aún no se ha entregado; En cuanto a la ganadería, sólo hay 258 animales de los más de 24.000 registrados en el convenio; y en el sector inmobiliario esta cifra es ridícula ya que de las 722 propiedades comprometidas sólo una ha sido entregada formalmente.
Ante este escenario, la Sociedad de Bienes Especiales (SAE) y la Unidad para las Víctimas (UARIV) se enfrentan al desafío de gestionar un activo que parece no existir en la realidad.
La Contraloría advirtió que este incumplimiento no sólo impacta el bolsillo del Estado, sino que afecta directamente el principio de no repetición. Si no se encuentran los recursos o activos reales, la eficacia de la justicia transicional quedará en entredicho, dejando a miles de colombianos con las manos vacías y experimentando una sensación de impunidad cuando se enfrenten a los compromisos asumidos en La Habana.
