Desde la medianoche del domingo, Colombia y Ecuador comenzaron a aplicar recíprocamente aranceles del 30% a determinados productos importados, una escalada que marca una de las tensiones económicas más fuertes entre ambos países en los últimos años. La medida afecta el comercio bilateral que asciende a más de 2.800 millones de dólares anuales, con un desequilibrio que favorece a Colombia: mientras el país vende alrededor de 1.800 millones de dólares a Ecuador, recibe importaciones ecuatorianas por valor de 900 millones de dólares.
La decisión ecuatoriana fue anunciada sin previo aviso el 21 de enero por el presidente Daniel Noboa durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, argumentando que la balanza comercial es desfavorable y que Colombia no ha tomado medidas suficientes para impedir el tránsito de drogas hacia Ecuador, problema que ha generado importantes violencia en el país vecino.
En respuesta, el gobierno de Gustavo Petro aprobó un paquete espejo de aranceles sobre 50 productos de Ecuador, incluidos alimentos básicos como arroz, frijoles, plátanos y azúcar; así como llantas, zapatos, tuberías de aluminio, cilindros y alcoholes etílicos. La intención declarada es proteger la economía colombiana y presionar para que se reanuden las negociaciones entre ambos gobiernos, aunque esto también tiene consecuencias inmediatas sobre los precios y la disponibilidad de los productos importados.
Consecuencias inmediatas y sectoriales
Antes de que los aranceles entraran en vigor, se registraron filas de camiones de cientos de metros de largo en el puente fronterizo de Rumichaca, el principal cruce legal entre ambos países, y los transportistas intentaban cruzar mercancías antes de que se aplicaran los nuevos impuestos. Esta presión sobre la logística ya ha causado retrasos y costos adicionales para los productores y comerciantes en Colombia y Ecuador.
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En el frente energético, Colombia ha suspendido temporalmente el suministro eléctrico a Ecuador, lo que fue crucial en situaciones de emergencia como la crisis energética de 2024. Aunque Ecuador actualmente cuenta con agua suficiente en sus embalses para satisfacer la demanda interna, expertos advierten que la medida podría convertirse en un problema si se repiten períodos de escasez en las centrales hidroeléctricas del Ecuador.
Por su parte, Ecuador respondió elevando las tarifas de transporte del crudo colombiano a través de sus oleoductos de 3 a 30 dólares por barril, incremento que incrementa significativamente los costos de las actividades exportadoras de Ecopetrol y podría afectar la continuidad del transporte a los mercados internacionales.
El impacto en los bienes comerciales también es evidente: Ecuador verá un aumento en el precio de los medicamentos y productos de higiene importados de Colombia, mientras que Colombia enfrentará costos más altos para los alimentos y mariscos de Ecuador. La tensión podría traducirse en una reducción de la disponibilidad, retrasos logísticos y aumentos generales de precios, lo que afectaría tanto a las empresas como a los consumidores.
Sindicatos y autoridades coinciden en que sin una solución negociada, estas medidas podrían prolongar la incertidumbre económica y complicar las relaciones bilaterales, con consecuencias más allá del comercio y afectando a los precios, las cadenas de suministro y la confianza empresarial.
