MOE presenta Mapa de Riesgo Electoral 2026

MOE presenta Mapa de Riesgo Electoral 2026

La sombra del fraude y la violencia se cierne sobre las próximas elecciones del país. El miércoles 4 de febrero, la Misión de Observación Electoral (MOE) hizo sonar todas las alarmas al presentar el mapa de riesgo electoral consolidado para 2026, que mostró que 170 municipios exhiben una peligrosa confluencia de factores que amenazan la transparencia del proceso.

Lo más preocupante es que el nivel máximo de peligrosidad se disparó: el número de municipios en riesgo extremo pasó de 49 en 2022 a 81 para este año, lo que representa un alarmante aumento del 65,3%.

Según Alejandra Barrios, directora del Ministerio de Educación, el escenario actual es mucho más complejo y fragmentado que el de hace cuatro años.

El informe técnico, elaborado por 37 investigadores, identifica seis áreas críticas en las que el estado debe centrar toda su atención: Arauca, el noreste de Antioquia junto al sur de Bolívar, la plataforma del Pacífico, el norte del Cauca, el sureste del país (Meta, Caquetá y Guaviare) y Putumayo.

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El Cauca se perfila como el epicentro de la crisis, con 19 municipios en riesgo extremo, 14 de los cuales ni siquiera estaban en alerta roja durante las últimas elecciones.

El riesgo electoral en estas zonas no sólo está relacionado con las armas, sino también con ‘atipicidades estadísticas’ que apuntan a posibles fraudes en las elecciones, especialmente en departamentos como Córdoba y Antioquía para votaciones en la Cámara y el Senado.

Con excepción de Bogotá, estos 170 municipios encuestados cuentan con más de 4,5 millones de electores, es decir el 11% del conteo electoral nacional.

Diego Rubiano, coordinador del Ministerio de Educación, advirtió que la violencia actual está vinculada al control de economías ilegales que buscan interferir directamente en la competencia política.

Con el riesgo electoral disparado, la organización ha lanzado un llamamiento urgente al Gobierno y a las autoridades públicas para que garanticen que en estos grupos de población el voto no sea una sentencia de muerte ni una amenaza de transacción, protegiendo así la integridad de un proceso que hoy parece caminar sobre la cuerda floja.

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