La representante a la Cámara, Katherine Miranda, presentó una delicada denuncia contra el gobierno del presidente Petro por adjudicar contratos de publicidad estatal por 71.893 millones de pesos, firmados pocos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantía Electoral.
Según la congresista, un contrato oficial por “un millón de dólares y acelerado” fue ejecutado entre el 26 y el 30 de enero de 2026 “en medio de una emergencia económica y ambiental y a pocas horas de la entrada en vigor de la Ley de Garantías”, arreglo que prohíbe la contratación directa meses antes de las elecciones para evitar el uso del presupuesto gubernamental con fines electorales.
«Fue un contrato manual directo, acelerado y muy concentrado. Cerca del 90% de esos recursos quedaron en una sola entidad, RTVC, con más de $64.000 millones adjudicados en pocas horas», dijo Miranda, al revelar que fueron doce contratos que concentraron ese monto de $1 millón en el sistema de medios públicos.
El legislador hizo una comparación con el mismo período electoral de hace cuatro años. “En la misma semana de enero de 2022, el gobierno de entonces destinó aproximadamente $1.500 millones a RTVC, mientras que en 2026 esta cifra superó los $64.000 millones, lo que representa un aumento de más del 4.000% en el mismo período y hacia la misma entidad”, reveló.
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Miranda advirtió que estos contratos incluyen campañas, estrategias de divulgación institucional y planes de medios de diversas entidades nacionales.
Los fondos provienen de varias carteras gubernamentales: 14.500 millones de dólares del Fondo Único para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 10.600 millones de dólares del Ministerio de Educación, 6.800 millones de dólares del Ministerio de Salud y casi 8.000 millones de dólares del Ministerio de Justicia.
«Firmar más de 70 mil millones de pesos de propaganda institucional justo antes de la Ley de Garantía, mientras el país vive una emergencia económica y social, es una falta de respeto a los colombianos. La directiva institucional no puede convertirse en una herramienta de promoción política en un año electoral», afirmó el congresista.
Miranda aseguró que había trasladado la denuncia a la Contraloría y a la Procuraduría General de la República para que determinen si existió algún presunto malversación de fondos públicos con fines políticos.
«Los recursos públicos pertenecen a los ciudadanos, no a los gobiernos de turno. Las comunicaciones institucionales no pueden usarse para campañas disfrazadas de información. Los colombianos merecemos claridad y respeto a las reglas», dijo Katherine Miranda.
