La entrada en vigor de la Ley de Garantías el pasado 31 de enero desató una carrera frenética entre los organismos públicos para conseguir recursos y acuerdos.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República muestra que el primer mes del año se ha convertido en una auténtica ‘feria de contratación’, con incrementos superiores al 64% respecto al mismo período de años anteriores.
Según el organismo de seguimiento, entre el 1 y el 30 de enero de 2026 se firmaron 521.269 contratos por un valor astronómico de 32.880 millones de dólares, cifra que plantea serias dudas sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos de cara a la campaña electoral.
El análisis de la DIARI (Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata) muestra que el pico máximo de este aumento se produjo en la última semana de enero, cuando se adjudicaron $14,8 mil millones.
Sólo el 30 de enero, el último día hábil antes de la restricción, se firmaron contratos por valor de 5.700 millones de dólares.
Cuando se comparan estos movimientos con los últimos contratos antes de las elecciones (en 2022), el monto total creció un 30,4%, lo que muestra un comportamiento inusual.
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Las entidades territoriales fueron las más activas, concentrando $17.700 millones del total nacional, lideradas por ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali.
A nivel nacional, instituciones como el Sena y el ICBF encabezan la lista con convenios que superan los mil millones de pesos cada uno. Mientras el estado acelera estas firmas masivas, la senadora Angélica Lozano denunció que miles de actuales contratistas se han retrasado en sus pagos desde diciembre, calificando la situación como una contradicción administrativa.
Por su parte, el diputado del organismo de control, Andrés Felipe Cifuentes, advirtió que ya se realizan cruces de información para determinar si esa concentración de recursos pretende favorecer a las máquinas políticas o responde a necesidades reales de la administración pública.
