Minuto30.com .- La muerte del niño Kevin Acosta el pasado fin de semana, presuntamente porque no recibió a tiempo su medicamento para la hemofilia por parte de la Nueva EPS interviniente, ha pasado de una tragedia humana a una compleja disputa legal.
La polémica estalló luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera públicas partes del historial médico del menor. Diversos sectores denuncian que se ha vulnerado el derecho a la privacidad y que se ha vulnerado la reserva legal que protege estos documentos sensibles.
El marco legal: ¿qué normas supuestamente se infringieron?
En Colombia, la historia clínica es un documento privado y sujeto a confidencialidad. Los expertos jurídicos señalan tres frentes de posible infracción:
Ley 23 de 1981 (art. 34): Establece que la historia clínica es el registro obligatorio de problemas de salud y tiene carácter confidencial. Sólo podrá llegar a conocimiento de terceros con el previo consentimiento del paciente o de sus representantes legales, o por orden judicial.
Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos): Define los datos de salud como “datos sensibles”, cuyo tratamiento requiere un consentimiento explícito, informado y por escrito.
Constitución Política (Art. 15): El derecho fundamental al buen nombre y a la intimidad personal y familiar.
La pregunta clave: ¿Dónde está el consentimiento escrito de la madre de Kevin Acosta para que la Nueva EPS entregue la información al Ejecutivo y la haga pública?
El papel de las nuevas EPS en intervención
También hay críticas a la Nueva EPS. La Resolución 1995 de 1999 es clara: el acceso a los expedientes médicos se limita al equipo de atención de salud, al paciente, a sus familiares (bajo ciertas condiciones) y a las autoridades judiciales.
El Presidente de la República no está incluido en esta lista como receptor de datos clínicos individuales sin autorización.
Posibles consecuencias
Si bien hasta el momento no se ha confirmado ninguna acción legal firme, las perspectivas podrían incluir:
Investigación SIC: La Superintendencia de Industria y Comercio podría sancionar a la EPS por el tratamiento de datos personales.
Acciones ante el Ministerio Público o Comisión de Acusación: Por presuntas funciones excesivas y violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos.
