Pastor en Chinchiná recibe 43 años por abuso a hijastra

Pastor en Chinchiná recibe 43 años por abuso a hijastra

Una sentencia ejemplar considerada por autoridades y organizaciones de la sociedad civil fue dictada contra José Erley, el pastor encontrado responsable de cometer graves delitos contra su hijastra en una zona rural del municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas.

El pastor deberá cumplir una pena de prisión de 43 años y seis meses previa decisión de un juez de la República.

El caso generó indignación en el país desde abril de 2025, cuando comenzaron a circular videos de las cámaras de seguridad. En las imágenes se ve a una niña de 13 años corriendo descalza por un camino de tierra mientras pedía ayuda desesperadamente e intentaba cubrirse con una sábana.

Según la investigación judicial, el adolescente logró escapar de una casa en el corregimiento de San Andrés, zona rural cercana al límite entre Chinchiná y Santa Rosa de Cabal. La menor presuntamente aprovechó un momento de descuido por parte de su agresor para huir y pedir ayuda a trabajadores y vecinos del sector.

Uno de los vecinos que escuchó los gritos decidió acercarse para verificar lo que estaba pasando y alertó a otras personas de la comunidad. Mientras esto sucedía, el condenado intentó escapar en una camioneta, pero durante la fuga perdió el control del vehículo y tuvo un accidente.

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Tras el accidente, el hombre abandonó el coche e intentó esconderse en una zona de vegetación cercana. Sin embargo, varios vecinos lograron localizarlo y retenerlo hasta la llegada de los uniformados de la Policía Nacional de Colombia, quienes inicialmente lo trasladaron a un centro médico antes de ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

Durante el juicio, el testimonio del menor fue clave para esclarecer lo sucedido. La víctima dijo a las autoridades que había sido detenida y amenazada, situación que la dejó en constante temor por su seguridad.

El caso fue investigado por el Ministerio Público, el cual presentó elementos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad del sospechoso por los delitos de secuestro agravado y agresión sexual forzada agravada en perjuicio de un menor de edad.

Finalmente, el juez aprobó un preacuerdo alcanzado antes de la audiencia, con el objetivo de evitar que el adolescente sea revictimizado durante el proceso judicial. En su fallo, el organismo dejó claro que el condenado no tiene derecho a beneficios judiciales debido a la gravedad de las faltas y que deberá cumplir la totalidad de la pena en un centro penitenciario.

El veredicto ha sido interpretado como un contundente mensaje contra los delitos sexuales contra menores y como un precedente en la región contra los casos de abuso infantil.

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