El máximo tribunal en lo contencioso administrativo de Colombia ha emitido un firme tirón de orejas que fija límites claros a la gestión de las comunicaciones digitales en el país.
A través de dos fallos recientes, el Consejo de Estado ha advertido fuertemente que las entidades públicas no pueden convertir sus perfiles oficiales en redes sociales en herramientas de propaganda política o plataformas para replicar mensajes ajenos a sus funciones jurídicas.
Esta decisión se toma luego de un análisis de comportamiento irregular en los canales de distribución del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR).
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Según la Corte Suprema, la Superintendencia del Notariado y Registro se dedicó a tuitear y compartir declaraciones del Presidente de la República sobre investigaciones a una EPS, tema que, según la lógica institucional, no tiene relación con el Registro de la Propiedad ni con el Notariado.
El Consejo de Estado señaló enfáticamente que las entidades estatales tienen el deber de informar sobre sus propios procedimientos, servicios y gestiones, y no actuar como caja de resonancia de quienes detentan el poder.
Esta decisión judicial sienta un precedente esencial para la transparencia en el uso de los impuestos colombianos.
El orden es claro: las cuentas oficiales deben ser canales de información para los ciudadanos y no plataformas de campañas o ataques políticos.
El tribunal recordó que la publicidad estatal debe estar al servicio del pueblo para que sepa lo que se hace con el erario, evitando a toda costa favorecer a partidos, candidatos o gobiernos concretos.
