Minuto30.com .- Luego de siete días de absoluto terror y parálisis, la Defensoría del Pueblo confirmó que el ELN levantó oficialmente el ataque armado en la subregión del Bajo Baudó, Chocó. La medida, que entró en vigor el 16 de marzo, mantuvo en confinamiento forzoso a más de 6.000 personas pertenecientes a 26 comunidades indígenas y afrodescendientes.
Una zona sitiada: confinamiento y escasez
Durante una semana, el grupo guerrillero prohibió la movilidad fluvial, el acceso a bienes de primera necesidad y el desarrollo de cualquier actividad diaria. Las consecuencias humanitarias son graves:
Escasez: Las comunidades reportan falta de alimentos y medicinas después de días sin acceso a suministros.
Educación suspendida: Cientos de niños y niñas vieron interrumpidos sus horarios escolares por el riesgo de quedar atrapados en medio de las hostilidades.
ansiedad persistente: Aunque se levantó la restricción de movilidad, la Defensoría del Pueblo advierte que persisten los temores por los continuos enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo por el control de las rutas del narcotráfico.
El fuerte llamamiento del Defensor del Pueblo: “La zona no es de ellos”
En un contundente comunicado, la Defensoría del Pueblo instó al grupo armado a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y dejar de utilizar a la población civil como escudo o moneda de cambio en su guerra territorial.
“Reiteramos nuestro llamado al ELN a detener esta práctica… El territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades étnicas, cuya autonomía debe ser respetada”, dijo la organización, denunciando también la estigmatización ejercida por el grupo armado contra las autoridades locales.
¿Qué sigue para el Bajo Baudó?
A pesar del anuncio, la situación en el Chocó sigue siendo crítica. Las autoridades departamentales y nacionales enfrentan ahora el desafío de llevar ayuda humanitaria de emergencia a las zonas más remotas de Baudó para paliar los efectos del confinamiento.
La presencia del poder público es solicitada por líderes comunitarios para asegurar que el flujo de bienes y servicios no sea nuevamente interrumpido por acciones criminales.
