El proceso judicial contra Álvaro Leyva dio un nuevo paso luego de que el Ministerio Público presentara formalmente cargos en su contra ante la Corte Suprema.
El excanciller fue llevado ante los tribunales alegando que era responsable de irregularidades relacionadas con el proceso de contratación para la emisión de pasaportes.
Según el organismo acusador, Álvaro Leyva habría tomado decisiones administrativas durante su gestión que no se ajustaban a la normativa vigente, con el objetivo de detener una licitación pública que quería garantizar este servicio hasta 2026. El contrato en cuestión valía varios cientos de miles de millones de pesos.
De la investigación se desprende que se dictaron varias acciones administrativas que finalmente afectaron el normal desarrollo del proceso de contratación.
En particular, se cuestiona la decisión de anular la licitación, a pesar de que había propuestas que cumplían con los requisitos técnicos, financieros y legales.
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Según el Ministerio Público, estas acciones habrían violado principios fundamentales de los contratos estatales, como la transparencia, la economía y la selección objetiva. Además, se indicó que la responsabilidad de liderar el proceso recayó en otros funcionarios, lo que también forma parte de los cuestionamientos sobre el accionar del exministro.
Leyva, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado ante las autoridades judiciales que no acepta los cargos que se le imputan, reiterando su posición de inocencia respecto de los hechos investigados.
Este caso complementa decisiones disciplinarias anteriores del Ministerio Público, que ya había impuesto sanciones en relación con el mismo proceso. Ahora será el ordenamiento jurídico el encargado de determinar si existió o no responsabilidad penal por la actuación del exfuncionario.
