El proceso penal por presunta corrupción en las contrataciones entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí dio un giro importante el miércoles 8 de abril, cuando quedó claro que cinco de los involucrados en los hechos ocurridos durante la administración del exdirector Juan David Palacio Cardona están cooperando con la justicia a través de principios de oportunidad o acuerdos previos.
Según lo expuesto en el proceso judicial, dos de los involucrados ya tienen expediente aprobado, otros dos están en proceso y uno más busca un acuerdo previo para una sentencia anticipada.
El escándalo se centra en seis contratos presuntamente falsificados entre el AMVA y los bomberos de Itagüí entre 2021 y 2023, por un valor de casi $18.000 millones y con una presunta pérdida para el fisco de $2.481 millones.
Entre los que ya recibieron el beneficio se encuentra Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirector del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, a quien se le concedió una suspensión con posible dispensa de cargos penales, lo que le permitirá salir del penal donde se encuentra recluido desde finales del año pasado.
María Yaneth Rúa García, funcionaria del AMVA que actualmente continúa privada de su libertad, también solicitó acogerse al mismo mecanismo. La audiencia para definir su situación estaba prevista para el 21 de abril.
Elkin de Jesús González, jefe de bomberos de Itagüí, también tramita un principio de oportunidad pendiente de la aprobación de un juez de garantías. Por su parte, Juan Alberto Cardona Henao, contador del cuerpo de bomberos, buscaría un acuerdo previo con el Ministerio Público para una sentencia anticipada.
Fue precisamente este avance el que el alcalde Federico Gutiérrez enfatizó fuertemente en conferencia de prensa el miércoles.
“Hemos presentado y aportado más de 650 hallazgos sobre corrupción, y hoy el tiempo nos da la razón: más de 55 sospechosos de quienes robaron Medellínincluido el líder de la pandilla”, dijo el Presidente, explicando el alcance de los principios de oportunidad adoptados en el caso.
“Significa que mientras exista un principio de oportunidad y una matriz de cooperación entre quienes formaron parte del robo, dentro del Ministerio Público y avalado por un juez, para decir quiénes son todos los responsables”.
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Gutiérrez no se limitó a contratos con bomberos. Citó demandas abiertas en AMVA, en EPM y en Afinia, esta última relacionada con un supuesto pago de $1 millón para cambiar de gerentes.
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Como evidencia del impacto que habría tenido la corrupción en la ciudad, Gutiérrez enumeró el estado en el que recibió la infraestructura municipal: “De los 1.044 recintos deportivos, teníamos 700 completamente destruidos, las calles llenas de agujeros y los jardines sin cambios”.
Y concluyó con un mensaje dirigido a quienes aún no están vinculados formalmente al proceso: “Quienes formaron parte de la estructura criminal y se beneficiaron de ella ya están diciendo la verdad y quiénes fueron los actores clave”.
Desde el punto de vista jurídico, los principios de oportunidad representan un mecanismo importante para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, ya que los beneficiarios se convierten en testigos del juicio y están obligados a aportar pruebas y revelar información sobre otros posibles perpetradores.
La continuación del juicio general estaba prevista para el martes 16 de junio.
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