El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tomó fuertes medidas tras el descubrimiento de una serie de irregularidades en el penal de La Paz en Itagüí. La situación salió a la luz luego de que se viralizaran videos e imágenes de lo que se describió como una “fiesta del valle” en el centro de detención.
Como primera acción, la entidad ordenó el cese de 11 funcionarios que se encontraban de servicio durante la celebración, mientras se realizan investigaciones para determinar responsabilidades por las deficiencias en el control del penal.
Además, se ordenó el traslado de dos directivos: el teniente Fabián León será enviado al Penal de Bello y Fredy Antonio Cipriano, director a cargo del establecimiento, será trasladado al Penal de Jamundí.
Durante días, equipos de élite del INPEC realizaron operativos de inspección en los pabellones, especialmente en las zonas de alta seguridad, para detectar y retirar elementos no permitidos en los centros penitenciarios.
Entre los elementos recuperados se encuentran 62 heladeras, siete televisores, tres teléfonos móviles, un módem Wi-Fi, una computadora portátil, una tableta, ventiladores, aires acondicionados, sartenes, barriles, equipos de sonido, además de sustancias ilegales, entre ellas 1.323 gramos de material vegetal y 271 gramos de polvo.
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El incidente también expuso graves deficiencias en los procedimientos de seguridad. Las imágenes captadas por los sistemas de vigilancia muestran que al momento del ingreso de los visitantes, entre ellos el cantante Nelson Velásquez y su equipo, no había guardias en la entrada principal, sino personas de civil que controlaban el acceso. Esto permitió que varios invitados ingresaran sin pasar por los procesos de verificación habituales.
Entre los asistentes registrados se notó la presencia de una mujer que requería ayuda para caminar y una persona que parecía ser un menor de edad. Según información oficial, la celebración coincidió con el cumpleaños de un preso y fue financiada por varios presos.
El INPEC señaló que las medidas adoptadas no solo buscan sancionar a los responsables, sino también fortalecer los controles y protocolos de seguridad para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
Por el momento, las investigaciones disciplinarias continúan y se espera que se tomen nuevas medidas a medida que avance la evaluación de responsabilidades y el cumplimiento de las normas internas del penal.
Este hecho ha generado grandes preocupaciones sobre la vulnerabilidad de la supervisión dentro de algunos centros penitenciarios y ha enfrentado a la entidad con la necesidad de revisar los procedimientos de control, ingreso y supervisión de visitas y personal, en un esfuerzo por garantizar la seguridad tanto de los reclusos como del personal penitenciario.
