La decisión fue adoptada por el Segundo Departamento, porque esta medida gubernamental podría contradecir lo que ya había establecido la Ley 2381 de 2024.
Esa ley permitió excepcionalmente a algunas personas pasar de fondos privados a Colpensiones. Sin embargo, también dejó claro que el dinero ahorrado deberá permanecer en fondos privados hasta que la persona cumpla con los requisitos para jubilarse y consolidar sus derechos pensionales.
Sin embargo, el Decreto 415 de 2026 dispuso que las administradoras de fondos de pensiones transfieran inmediatamente estos fondos: el 50% en un plazo máximo de 20 días y el 50% restante en los 10 días siguientes.
Debido a que estos plazos eran muy cortos, el Consejo de Estado tramitó la solicitud con urgencia. Consideró que si seguía el procedimiento normal, el dinero ya habría sido transferido en el momento en que se tomara la decisión y la medida perdería su efecto.
Para el Consejo de Estado, el decreto modificó una norma ya establecida en la ley, pues modificó el momento en el que debía transferirse el dinero. La entidad recordó que el Presidente puede reglamentar las leyes para hacerlas aplicables, pero no puede cambiar su contenido ni sustituir decisiones consistentes con el Congreso.
Por ello, ha suspendido temporalmente esa parte de la decisión mientras continúa la investigación de antecedentes para determinar si debe ser anulada definitivamente.
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