El Ministerio Público acusó formalmente a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla González; y de Asuntos Internos, Luis Fernando Velasco Chaves, como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés excesivo en el cumplimiento de contratos y cohecho para dar u ofrecer.
Los exfuncionarios están acusados de convocar reuniones, emitir directivas y supervisar proyectos de inversión directa en el Instituto Nacional de Vialidad (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en nombre de congresistas, para asegurar su apoyo a iniciativas gubernamentales en el Senado de la República y la Cámara de Representantes.
Los elementos probatorios son responsables de tres momentos. Entre junio y septiembre de 2023 presuntamente intervinieron indebidamente 78 contratos (73 en Invías y 5 en la UNGRD), por un valor de 612.000 millones de pesos, siete de los cuales fueron ejecutados.
Posteriormente, entre septiembre y diciembre de 2023, presuntamente intervinieron tres procesos contractuales en la UNGRD destinados a mitigar y atender emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el distrito de El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) por un valor de 86.619 millones de pesos. Estos acuerdos no se implementaron, pero los miembros del Congreso deliberaron y aprobaron diecisiete notas de crédito de deuda a favor del gobierno nacional.
Finalmente, se les acusa de mediación ilegal, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, para que un contrato de la UNGRD que debía ejecutarse en Sahagún (Córdoba) y que comprometía 35.000 millones de pesos fuera entregado a personas relacionadas con un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no ocurrió.
