La Contraloría General de la República realizó una investigación intersectorial liderada por el Delegado de Inclusión Social para la implementación de la Política Pública de Compensación Colectiva en Colombia en el periodo (2018-2025), que reveló rezago estructural e insuficiente desempeño en la gestión de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).
Estudio de la oficina de control en 3 departamentos y una ciudad
El análisis, que evaluó la efectividad, eficiencia y coherencia de la Ruta de la Recuperación Colectiva (CRR), concluye que la política en su configuración actual no cumple con los principios del gasto público, poniendo en peligro las posibilidades y materialización de la recuperación. La investigación se basó en una revisión regulatoria, un análisis financiero con fecha de corte agosto de 2025 y trabajo de campo en AntioquíaSantander, Valle del Cauca y Bogotá DC, áreas seleccionadas por su relevancia en el conflicto y la diversidad de temas colectivos.
El balance de la Contraloría General de la República revela un retraso importante en la culminación de los procesos de recuperación colectiva. De los 1.197 Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) reconocidos en el país, sólo 60 han logrado completar la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), equivalente al cumplimiento de sólo el 5% del total.
El tiempo promedio necesario para la conclusión efectiva de un plan integral de recuperación colectiva es de casi diez años, lo que duplica con creces los plazos previstos en la normativa, lo que vulnera el principio de efectividad y prolonga el impacto y la revictimización de los nacionales. El análisis por fases del Camino de Reparación Colectiva muestra que, incluso en escenarios óptimos, la sostenibilidad del SRC en cada fase (Identificación, Habilitación, Caracterización/Diagnóstico, Diseño y Formulación) duplica el tiempo esperado.
Las reparaciones llegarán a menos del 10% en 2030
A este ritmo, la previsión de la Contraloría General indica que, de continuar la actual tendencia de ejecución, para el año 2031 (fecha de vencimiento de la Ley 1448 de 2011), sólo el 9,4% del total de las CRS habrán completado sus procesos de recuperación colectiva, dejando a más de 1.645 comunidades sin poder completar sus programas, poniendo en duda el cumplimiento de los objetivos y obligaciones internacionales del Acuerdo de Paz. Para lograr la rehabilitación integral de los 1.645 SRC restantes, el Estado necesitaría obtener recursos estimados en US$9 mil millones, a precios constantes de 2025, lo que plantea un desafío importante en términos de sostenibilidad fiscal.
En cuanto al criterio de eficiencia, la investigación muestra que existe una clara infrautilización de los recursos financieros asignados al programa. Entre los periodos 2018 y 2025, a la UARIV se le asignaron US$930.750 millones para reparaciones colectivas, de los cuales solo US$539.600 millones fueron comprometidos (implementados), lo que representa una baja ejecución presupuestaria del 58%. Este uso limitado de recursos indica graves deficiencias de gestión a nivel administrativo, operativo y presupuestario.
Al analizar la implementación por tipo de medida de recuperación se encontró un desequilibrio: del total de 18.835 acciones definidas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva, sólo se han implementado el 21,94%. Las acciones de devolución, que concentran el mayor peso porcentual (44%) dentro de los planes, muestran el menor nivel de implementación, con sólo el 16,19%. En cambio, la compensación para los SRC étnicos supera el 50% de implementación.
Esta situación confirma que las medidas materiales (restitución, infraestructura y proyectos productivos) son las que menos avances producen, mientras que las medidas simbólicas y de memoria histórica muestran un mayor cumplimiento, traduciéndose en reparaciones parciales y discontinuas para las comunidades. Además, se identificó una asimetría en la distribución de beneficios, ya que a la fecha no existen resoluciones sobre la asignación de recursos para las CRS no étnicas, situación que plantea interrogantes sobre la equidad y coherencia de la política en términos de cobertura tipológica.
La Contraloría ha determinado que los principales factores explicativos de este retraso son institucionales, administrativos y operativos. El trabajo de campo permitió constatar que la alta rotación del personal técnico de ruta es uno de los factores que más influye en la efectividad del proceso. La no renovación de contratos de los profesionales viales implica pérdida de conocimiento, discontinuidad en la relación con las comunidades y desconfianza en las instituciones.
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En todas las áreas, las comunidades informaron que los cambios en la práctica profesional han provocado interrupciones y la necesidad de reiniciar el proceso y repetir diagnósticos, creando una profunda sensación de doble sufrimiento y revictimización. Además, la contratación anticipada de profesionales de ruta, concentrada en los meses de abril y mayo, provoca importantes retrasos en el desarrollo de las actividades previstas.
Además, hubo insuficiente coordinación entre las entidades del SNARIV. El organismo de auditoría encontró que la implementación requiere coordinación entre más de 50 entidades, pero las transiciones entre fases son lentas y dependen de procedimientos no estandarizados.
Falta de coordinación entre entidades
El análisis de las actas de la Subcomisión de Reparación Colectiva reveló incumplimientos reiterados de las obligaciones adquiridas. Desde el criterio de coherencia, si bien la UARIV mantiene un alineamiento formal entre el daño y las medidas formuladas, este principio no se refleja en el accionar de las entidades del SNARIV. La falta de un sistema de información integrado y confiable, con datos desactualizados e inconsistencias, limita la trazabilidad y la rendición de cuentas.
El retraso institucional, la limitada implementación de recursos, la falta de coordinación entre entidades y las brechas en la supervisión interinstitucional han debilitado el impacto real de la política. La Contraloría General reitera la necesidad de tomar medidas urgentes y sostenibles para superar la desaceleración operativa e institucional, incluyendo fortalecer la capacidad operativa del SNARIV, asegurar la estabilidad del talento humano técnico y mejorar la planificación e implementación presupuestaria, para asegurar una recuperación real, oportuna y sostenible. De la misma manera, es fundamental que el Estado implemente medidas disruptivas encaminadas a generar nuevos recursos, que permitan avanzar efectivamente en la reparación integral de todos los sujetos de reparación colectiva.
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