Minuto30.com .- Un paso fundamental para la verdad y recuperación de miles de víctimas se dio en las últimas horas en los tribunales judiciales. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en segundo lugar la sentencia dictada bajo la Ley de Justicia y Paz contra Elda Neyis Mosquera, conocida en el conflicto armado como ‘Karina’, y otros ocho exmiembros de la extinta guerrilla de las FARC.
La Corte Suprema confirmó la responsabilidad de estos postulados en una alarmante cifra de 3.358 hechos criminales cometidos durante los años de terror en seis departamentos del país: AntioquíaCórdoba, Chocó, Quindío, Caldas y Risaralda.
Los 6 patrones delictivos confirmados
Con esta decisión, se mantiene firme la pena alternativa (justicia penal otorgada por su sometimiento a la justicia transicional) por la sistemática y brutalidad con la que operó el frente bajo el alias ‘Karina’.
La Corte Suprema encontró a los sospechosos responsables de seis patrones de macrocrimen que dejaron profundas cicatrices en las regiones afectadas:
Asesinato de población civil y fuerzas públicas.
Desaparición forzada en zonas de influencia guerrillera.
Desplazamiento forzado de comunidades enteras.
Secuestro con fines extorsivos y políticos.
Reclutamiento ilegal de menores para la guerra.
La violencia de género, una lacra que la justicia en estos tribunales empieza a visibilizar y sancionar con mayor severidad.
Cambios en la recompensa y demandas de atención.
Si bien el Tribunal confirmó la mayor parte de la condena penal, la Sala de Casación aprovechó el fallo para introducir cambios sustanciales en el reconocimiento de las víctimas y en los montos económicos inicialmente fijados para su indemnización, en un esfuerzo por garantizar una recuperación más justa y proporcionada del daño causado.
Además, el tribunal emitió un fuerte incentivo institucional. La Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo iniciar procesos urgentes de capacitación a sus funcionarios para que adquieran mayor conocimiento técnico y jurídico en el manejo de temas de compensación dentro de incidentes de recuperación extendida. El objetivo es que la defensa de los derechos de las víctimas avance sin problemas y sin contratiempos en esta etapa crucial.
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