Un juez ordenó medida de aseguramiento en prisión contra Laura Valentina, madre de Mía Cataleya, la bebé de seis meses que falleció recientemente en el municipio de El Espinal, Tolima, en un caso que ha desatado conmoción nacional.
La decisión se produjo después de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio agravado en la modalidad de negligencia en posible defraudación, porque consideró que había incumplido su deber de cuidado y protección hacia la menor.
Según el organismo acusador, la bebé Mía Cataleya presentó síntomas de salud durante varios días, entre ellos congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios de convulsiones.
Las investigaciones sugieren que la falta de atención oportuna pudo haber provocado una neumonía que afectó gravemente uno de sus pulmones y finalmente provocó su muerte.
Según el Ministerio Público, la menor fue trasladada a un centro de salud en El Espinal el 26 de mayo, desde donde fue derivada a una clínica de mayor complejidad en Ibagué. Sin embargo, murió al día siguiente debido al deterioro de su salud.
Durante las audiencias preliminares, los investigadores sostuvieron que Laura Valentina no tomó las medidas necesarias para garantizar la atención médica que necesitaba el bebé. Sin embargo, la mujer no aceptó las acusaciones del Ministerio Público.
El caso provocó una fuerte reacción pública desde que se conoció la muerte del menor.
Inicialmente circularon versiones sobre una posible agresión sexual, pero posteriormente fuentes cercanas a la investigación indicaron que las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal no encontraron evidencia que sustente esta hipótesis.
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La muerte de Mía Cataleya también generó declaraciones de varias entidades, incluida la Fiscalía General de la República, pidiendo que se esclarezcan las circunstancias que rodearon la muerte de la bebé y se determinen las responsabilidades asociadas.
Mientras continúa el proceso judicial, Laura Valentina López permanecerá privada de su libertad en un centro penitenciario por orden de un juez, mientras las autoridades continúan recabando pruebas para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.
