El gobierno nacional puso en marcha un amplio aparato de seguridad el 21 de junio para proteger la segunda vuelta presidencial, luego de que servicios de inteligencia en 99 municipios descubrieran riesgos relacionados con posibles actos de violencia y consecuencias para el proceso democrático.
Según informaron las autoridades durante la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), se dio prioridad a varios municipios donde podrían presentarse situaciones que pondrían en riesgo tanto la seguridad ciudadana como la transparencia electoral.
Los análisis realizados permitieron identificar áreas con antecedentes o condiciones que requieren especial supervisión durante el día.
Entre las zonas de mayor preocupación se encuentran municipios de departamentos como Cauca, Antioquía y Tolima, donde las autoridades monitorean continuamente posibles alteraciones del orden público.
Además, se monitorean los municipios del Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca, donde se monitorean factores que podrían influir en el normal desarrollo de la votación.
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Como parte de la estrategia, las autoridades públicas concentrarán sus esfuerzos en más de 500 puntos considerados sensibles, repartidos en decenas de municipios y capitales. El objetivo es anticiparse a cualquier situación que suponga una amenaza para los ciudadanos o para el libre ejercicio del derecho de voto.
Las autoridades también informaron que los candidatos presidenciales y vicepresidentes disfrutan de regímenes especiales de protección, mientras que miles de uniformados han supervisado las actividades políticas en todo el país en las últimas semanas.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que uno de los principales desafíos identificados es la difusión de información falsa en las redes sociales, un fenómeno que, según explicó, puede provocar tensiones, desinformación y reacciones que afecten a la convivencia durante la jornada electoral.
Ante este escenario, el gobierno ha decidido preactivar el PMU y fortalecer la coordinación entre las diferentes entidades responsables de que la segunda vuelta presidencial se desarrolle con normalidad, seguridad y plenas garantías para los electores.
