Un fiscal delegado ante la Corte Suprema abrió una investigación formal y citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquía en la década de 1990, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
La decisión judicial también incluye los presuntos delitos de homicidio agravado en persona protegida, concierto para delinquir agravado y formación de grupos paramilitares.
La actuación del Ministerio Público es respuesta a un expediente de denuncias interpuestas hace más de treinta años que investiga una posible relación del expresidente con estructuras paramilitares que presuntamente operaban en la estancia Guacharacas, además de su responsabilidad última en hechos violentos ocurridos en el municipio de Ituango, Antioquia.
Según el ente investigador, la decisión se tomó luego del análisis recabado del proceso y luego de varias acciones judiciales solicitando una definición del avance de las investigaciones. El expediente pasó al fuero ordinario luego de que Uribe renunciara a su escaño en el Senado.
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Tras conocer la determinación, el expresidente Álvaro Uribe desestimó las acusaciones y cuestionó la imparcialidad del fiscal a cargo del caso.
A través de una declaración pública, aseguró que la medida constituye una persecución política y afirmó que no había tenido oportunidad de realizar una declaración preliminar dentro del proceso.
Uribe también afirmó que el llamado a investigación se da cerca de la segunda vuelta presidencial y calificó la situación como una estrategia con motivos electorales.
Su defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, también afirmó que no se había respetado el debido proceso, argumentando que el expresidente debería haber sido escuchado antes a través de una versión libre antes de ser citado formalmente a investigación.
La investigación continuará en las próximas semanas a medida que la fiscalía avance con la recopilación de pruebas y los procedimientos legales asociados para determinar la responsabilidad o inocencia del expresidente.
