La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República instaron al gobierno saliente, así como a las entidades del poder ejecutivo del orden nacional, a garantizar que los informes sobre vínculos con el equipo del Presidente electo sean publicados y permanezcan disponibles para consulta pública a través de los canales institucionales establecidos para tal efecto, con excepción de aquellos que mantengan confidencialidad o clasificación de información por razones legales.
Así quedó establecido en la directiva conjunta 001 emitida el pasado 30 de junio, en la que los titulares de ambas entidades recordaron los principios y normas constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la entrega y recepción de informes de gestión durante la conexión entre las partes.
Los dos órganos de control llamaron a los destinatarios de la directiva a “proporcionar información suficiente, verificable y oportuna sobre las cuestiones administrativas, contractuales, presupuestarias y misionales bajo su responsabilidad, a fin de garantizar la continuidad del servicio público y la adecuada transición institucional y evitar la configuración de posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales o de otro tipo”.
Entre los comentarios registrados, aconsejaron al gobierno saliente verificar que todos los contratos firmados, ejecutados, liquidados y aquellos aún en ejecución sean publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECOP). “En todo caso, se deberá facilitar al nuevo Gobierno información clara, completa y actualizada sobre los contratos cuyo plazo de ejecución está a punto de expirar y para los que es necesario estructurar nuevos procesos de selección”, señalan en la directiva.
