La situación judicial de Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante lagenato Diomedes Díaz, tomó un nuevo giro luego de que el Ministerio Público lo acusara de los delitos de secuestro simple, agravado en combinación con tortura, por hechos ocurridos en Barranquilla en agosto de 2025.
El proceso judicial también incluyó la imputación de otras cinco personas: Keiner Rocha, Darío Tirado, José David Martínez, Alexis Jiménez y Stiven Bolaño, quienes, según la investigación, participaron en la detención ilegal y agresiones contra Carlos Alfredo Mejía.
Durante la audiencia, el Ministerio Público también solicitó que se imponga medida de seguridad contra los seis sospechosos mientras continúa el proceso penal.
La investigación apunta a una supuesta organización de cobro de deudas
Según lo informado por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de agosto de 2025 en el barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla.
La investigación reveló que la víctima fue privada de su libertad y conducida contra su voluntad a un edificio donde presuntamente fue sometida a diversas formas de violencia física y psicológica.
Según la hipótesis del ente investigador, el caso estaría relacionado con una organización dedicada a actividades de cobranza de deudas, identificada como «Soluciones Mano a Mano», que presuntamente operaba en la modalidad de préstamos informales conocidos como «gota a gota».
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El Ministerio Público indicó que Carlos Alfredo Mejía Vargas formaba parte de esa estructura como recaudador y que los actuales sospechosos lo habrían acusado de perder una cantidad de dinero que, según las investigaciones, estaría entre 15 y 30 millones de pesos.
El papel atribuido por el Ministerio Público a Luis Mariano Díaz
Durante la audiencia, el fiscal delegado ante los jueces de circuito, Rodrigo Restrepo, explicó que la investigación permitió determinar el presunto rol de cada uno de los imputados dentro de la organización.
En el caso de Luis Mariano Díaz González, el Ministerio Público alega que habría ejercido funciones de liderazgo dentro de la estructura, coordinando las actividades de recaudadores y supervisores.
Según el Ministerio Público, el hijo del artista no estuvo presente desde el inicio del secuestro, pero posteriormente llegó al lugar donde se encontraba la víctima y permaneció allí por más de dos horas.
De la investigación se desprende que durante ese tiempo presuntamente lideró algunas de las agresiones, golpeando con la culata de un arma de fuego a Carlos Alfredo Mejía Vargas y continuando interrogándolo para determinar el paradero del dinero que la organización afirmaba había desaparecido.
El Ministerio Público también aseguró que habría apoyado nuevas demandas económicas contra la víctima y su familia, incluida la provisión de una casa como condición para su liberación.
Señalan que la víctima también fue torturada
Según la investigación, Carlos Alfredo Mejía Vargas habría sido víctima de múltiples agresiones durante el tiempo que estuvo detenido.
Los fiscales alegan que los imputados lo golpearon con tablas, tubos, armas de fuego y otros objetos contundentes, además de ejercer presión psicológica mediante amenazas y exigencias económicas.
Las autoridades también indicaron que se realizaron contactos con familiares de la víctima durante el cautiverio para exigir inicialmente el pago de 15 millones de pesos. Cuando los presuntos responsables supieron que ese monto no podía ser pagado, supuestamente sugirieron la posibilidad de recibir una vivienda como medio de pago.
El proceso continúa
Con base en los elementos recabados durante la investigación, el Ministerio Público considera que Luis Mariano Díaz González habría jugado un papel decisivo tanto en la gestión de la presunta organización como en la ejecución de algunos de los hechos actualmente objeto de la investigación.
La audiencia continuará con el estudio del pedido de medida de seguridad interpuesto por la entidad acusadora contra los seis imputados.
Por el momento, los cargos corresponden a una primera fase del proceso penal. En consecuencia, las acusaciones formuladas por el Ministerio Público deben ser discutidas y probadas ante un juez durante el transcurso del juicio, mientras que las personas investigadas mantienen la presunción de inocencia hasta una sentencia condenatoria firme.
