La suspensión del bombardeo en Arauca fue ordenada por un juez que falló a favor de una acción de protección interpuesta por el representante del municipio de Puerto Rondón.
La decisión obliga al gobierno nacional a detener temporalmente este tipo de operaciones militares mientras revisa y fortalece los protocolos para proteger a la población civil, especialmente a niños y adolescentes.
Según el fallo, el presidente Gustavo Petro, el Ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de Colombia tendrán un plazo de hasta dos meses para revisar exhaustivamente los procedimientos utilizados en los bombardeos y adecuar los protocolos de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Mientras continúa este proceso, las Fuerzas Aeroespaciales deberían suspender los bombardeos a estructuras o grupos armados en el departamento de Arauca.
Además de ordenar la revisión de los protocolos, el juez ordenó que el gobierno diseñe e implemente una política pública de separación humanitaria para menores reclutados por organizaciones armadas ilegales.
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Esta estrategia debe plasmar el trabajo del poder público en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el objetivo de garantizar adecuados procesos de recuperación y protección de esta población.
La decisión judicial se produce en medio del debate que los atentados han provocado durante el actual gobierno.
Según cifras de Medicina Legal difundidas recientemente, aproximadamente 65 menores han muerto durante operaciones militares realizadas durante este cuatrienio en diferentes regiones del país, situación que ha reavivado la discusión sobre el uso de esta estrategia en zonas con población vulnerable.
