El Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria para determinar si existieron posibles irregularidades en un contrato de drones firmado en 2022 para dotar a la Policía Nacional de Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (SIART), cuyo valor superó los 3.700 millones de pesos.
La acción involucra al coronel retirado Didier Alberto Estrada Álvarez, quien en su momento era director general del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO); a la capitana Alejandra Sepúlveda Figueroa, entonces coordinadora del Centro Permanente Anticontrabando de la Policía Integrada (CIPPA); al alcalde Ismael de Aguas, verificador de información de esa dependencia; y el Mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quien fungió como supervisor del FORPO en el contrato.
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Según el ente de control, la investigación tiene como objetivo esclarecer si durante las fases precontractual y de ejecución del contrato del drone se presentaron actuaciones que pudieran haber puesto en peligro la legalidad del proceso y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
Uno de los aspectos que se valorará es la definición de los criterios utilizados para seleccionar al contratista, ya que, según el Ministerio Público, podrían haber existido falencias en la estructuración de estos factores, lo que habría impactado en el desarrollo del contrato.
Con la apertura formal de la investigación, el Ministerio Público promoverá la recolección de pruebas para reconstruir cómo se desarrolló el proceso y verificar si los funcionarios actuales y anteriores actuaron de acuerdo con las responsabilidades de sus cargos.
El Ministerio Público ha aclarado que esta actuación se encuentra en fase de investigación previa, por lo que el objetivo es determinar si existen elementos suficientes para formular posibles cargos disciplinarios relacionados con el contrato de drones para la Policía Nacional.
