Fijan fecha para imputación contra Miguel, hermano del exalcalde Quintero, por presunta corrupción

Fijan fecha para imputación contra Miguel, hermano del exalcalde Quintero, por presunta corrupción

La justicia colombiana fijó fecha y hora para la audiencia de presentación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. El proceso judicial estaba previsto para el próximo 3 de agosto a las 14 horas, en el marco de una investigación penal por una presunta red de corrupción millonaria que afectó los recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Durante la audiencia, el Ministerio Público no sólo formulará los cargos, sino que también evaluará la solicitud de medida de seguridad en un centro penitenciario.

Según el organismo acusador, de la investigación preliminar se desprende que hubo malversación de fondos públicos y se cobraron comisiones financieras a cambio de direcciones e irregularidades en la contratación de la entidad regional, que en ese momento encabezaba Juan David Palacio. Por estos hechos, un fiscal del departamento de Medellín imputará a los investigados los delitos de excesiva trascendencia en la ejecución de contratos y peculado por apropiación.

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La citación judicial también implica a otras tres personas que presuntamente actuaron en alianza con Quintero: Sebastián Ortega Urán, Álvaro Villada García y Vanessa Álvarez Restrepo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el tema, señalando que Ortega, a quien calificó de socio de los hermanos Quintero, también está involucrado en otros casos polémicos en la ciudad, como la supuesta venta de la gestión de Afinia y las irregularidades en el predio de Carabineros.

Para respaldar la acusación, la fiscalía descubrirá un conjunto sólido de pruebas recopiladas a través de testimonios clave, transferencias bancarias, análisis de contratos e información obtenida de dispositivos móviles. Por su parte, el exalcalde y candidato presidencial Daniel Quintero se ha pronunciado en defensa de su familiar, calificando el proceso judicial como una «infame persecución».


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