Minuto30.com .- El escándalo en torno a las medidas de protección otorgadas al activista político Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como ‘Beto Coral’, escaló a niveles críticos. En las últimas horas, un nuevo y contundente comunicado de un sector sindical de la Unidad Nacional de Protección (UNP) calificó la implementación de su programa de seguridad como un llamado “favor político” ordenado desde las más altas esferas de la entidad.
La denuncia escudriña los criterios para la asignación de recursos de seguridad pública en Colombia y plantea preguntas directamente al director de la institución, Augusto Rodríguez.
¿Por qué califican el plan de Beto Coral como un ‘favor político’?
En una contundente declaración pública, el Sindicato de Trabajadores de la UNP (UTUNP) respaldó las advertencias iniciales y lanzó duras acusaciones contra el gobierno. Un portavoz del gremio, con más de 25 años de experiencia como analista de riesgos de seguridad, señaló categóricamente que los beneficios otorgados al activista no se deben a un peligro real que se haya comprobado en territorio nacional.
«Debo decir públicamente que no es un tema de riesgo, es un FAVOR POLÍTICO. Mientras en Colombia muchos líderes sociales son asesinados o amenazados y Augusto Rodríguez no les ofrece ninguna medida de protección, Beto Coral recibió carros blindados y escoltas a los tres días. Una vergüenza», se lee en el comunicado del sindicato.
¿Qué supuestas irregularidades denuncia el sindicato en el proceso?
La organización sindical afirma que se ha trastocado la facultad discrecional que la ley otorga al director de la UNP para implementar medidas de emergencia. Según explican, este mecanismo excepcional debería reservarse exclusivamente para personas que se encuentren en «riesgo inminente» y tengan una «amenaza demostrable», condiciones que el sindicato cree que no se cumplen en este caso.
Además, advierten que el coral ni siquiera se encuentra entre el grupo objetivo prioritario de la UNP. Lo que ha causado mayor indignación interna es el contraste en el tiempo: un trámite que requiere meses de evaluaciones burocráticas para un líder social en las regiones fue resuelto con contundencia para el creador del contenido (vehículos blindados y hombres armados) en apenas 72 horas después de pisar territorio colombiano.
¿Cuál es la pregunta sobre su asilo y sus actividades en los EE.UU.?
El sindicato también ha expresado dudas sobre los antecedentes de las amenazas que Beto Coral dice haber enfrentado en el pasado. Recordaron que el activista pasó 11 años fuera del país tramitando asilo político en Estados Unidos, alegando inicialmente riesgos relacionados con una controversia familiar por el asesinato de su padre.
Según la denuncia, una vez en Norteamérica, Coral se habría comprometido de lleno con el activismo político exterior a favor de sectores de izquierda y del actual gobierno del Pacto Histórico, lanzando continuamente ataques públicos e insultantes contra opositores, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y despachos de abogados en Colombia.
Para los analistas del sindicato, la estrategia de denunciar supuestas amenazas en las redes sociales corresponde más a una «estrategia sistemática» común entre quienes intentan obtener el estatus de asilo político, ya que la responsabilidad de dichos riesgos nunca ha sido establecida judicialmente. Concluyen que el activista, al amparo del actual gobierno progresista, aprovechó su estancia en el exterior para regresar al país con privilegios de seguridad del Estado que hoy están siendo cuestionados.
De la unión @utunp_nacional Estamos haciendo una DECLARACIÓN PÚBLICA sobre una denuncia presentada por @analtraseg en nombre de la @UNPColombia de medidas de protección (ESQUEMA ROBUSTO – vehículos blindados y escoltas) al ciudadano colombiano Franklin Humberto… pic.twitter.com/Ve37BgJE5Y
— wilson javier devia (@wilsond1980) 19 de julio de 2026
