El equipo de seguridad del presidente electo, Abelardo De La Espriella, informó que en las últimas horas ha recibido información de inteligencia advirtiendo sobre un presunto plan criminal para atentar contra su vida durante el desarrollo de las jornadas de enlace regional que realiza en distintos puntos del país.
Según informó su equipo, los informes ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes y tomen las medidas necesarias ante la amenaza.
Según la información conocida, los servicios de inteligencia tendrían indicios de una supuesta oferta de hasta 3 mil millones de pesos que habrían realizado estructuras del ELN y las disidencias de las FARC para perpetrar un atentado contra el presidente electo.
El comunicado también señala que informes de inteligencia advierten sobre la posibilidad de que personas intenten infiltrarse en conferencias de prensa y otras actividades públicas planificadas durante la agenda conjunta.
Como se indicó, estos escenarios plantearían especial riesgo, sobre todo si involucran a niños, adultos mayores y una gran cantidad de asistentes.
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Pese a la información recibida, el equipo del presidente electo aseguró que la agenda prevista no será suspendida. El comunicado señaló que De La Espriella continuará con sus actividades porque considera que “Colombia no puede ceder ante las amenazas” de quienes buscan imponer el miedo a través de actos de violencia.
Sin embargo, también se informó que se implementarán medidas extraordinarias de seguridad para fortalecer la protección del Presidente electo, los miembros de su equipo de gobierno y las personas que asistan a diversos eventos públicos.
En el comunicado, el equipo de De La Espriella pidió a las autoridades actuar rápidamente en la investigación para esclarecer el origen de la información de inteligencia, identificar a los posibles responsables y evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo la vida del presidente electo o de la población civil.
Finalmente, el comunicado concluye reiterando que “Colombia tiene derecho a vivir en democracia” y afirmando que ninguna organización criminal debe impedir que el gobierno electo por los ciudadanos lleve a cabo sus funciones.
