En un drástico viraje que podría tambalear una de las investigaciones de corrupción más mediáticas del país, la exconsejera presidencial Sandra Ortiz rompió el silencio a través de sus redes sociales para proclamar su inocencia y denunciar que el proceso en su contra responde a una «cortina de humo».
«Me privaron de la libertad con chats alterados, testigo falso y acusaciones que no resisten la verdad. Los invito a acompañar mi juicio. Allí demostraré mi inocencia y el país conocerá cómo se construyó esta cortina de humo para proteger a los que realmente se robaron la UNGRD», manifestó Ortiz en su cuenta de X.
El eslabón roto: La sombra del testigo falso
El pronunciamiento de la exfuncionaria coincide con graves hallazgos judiciales en torno al testimonio de Pedro Castro, el presunto prestamista señalado como el origen de los $4.000 millones de pesos en efectivo que habrían servido para el pago de desvíos e indemnizaciones.
La declaración de Castro había sido, hasta ahora, una pieza angular en la construcción de las imputaciones realizadas por las autoridades contra tres de las figuras públicas más salpicadas en el expediente:
Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes.
Iván Name, expresidente del Senado de la República.
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.
Sin embargo, un denso dossier probatorio destapó que Pedro Castro sería un testigo falso. Fuentes cercanas al proceso confirman que dentro de la misma Fiscalía General de la Nación ya reposan evidencias y testimonios sólidos que desmoronan la versión del prestamista.
Fiscalía alista imputación contra Castro
Actualmente, un despacho fiscal —independiente al equipo que lidera los procesos marco del caso— adelanta una investigación formal en contra de Pedro Castro por el delito de falso testimonio.
El fiscal a cargo ya escuchó en interrogatorio al sospechoso y cuenta con elementos materiales probatorios suficientes para señalar que mintió ante la justicia. En los próximos días se contempla la posibilidad de una audiencia de imputación de cargos en su contra.
Esta eventual imputación tendría un impacto significativo en el proceso: por un lado, debilita la credibilidad de la acusación al perder validez jurídica las pruebas basadas en su testimonio; por otro, refuerza la tesis de la defensa sobre la alteración de chats y manipulación probatoria, abriendo el camino para reorientar las pesquisas hacia los verdaderos responsables del desvío de recursos en la entidad.
Con un juicio formal en el horizonte y un testigo estelar ad portas de ser procesado por engañar a la justicia, el caso de la UNGRD promete entrar en una etapa decisiva donde la verdad procesal podría dar un vuelco definitivo.
