El recién elegido presidente Abelardo De La Espriella lanzó un ultimátum a los disidentes de las FARC que cometían crímenes en el departamento de Tolima y les dio un plazo de diez días para entregarse a la justicia.
El anuncio lo hizo durante un evento en Ibagué, donde aseguró que si los integrantes de estas estructuras armadas no se someten, las fuerzas armadas y policiales actuarán dentro del marco de la ley para neutralizarlos.
Durante su discurso, el presidente electo envió un mensaje directo a los grupos ilegales que según las autoridades mantienen la ley y el orden en la región afectada.
Además, nombró entre sus «alias» a algunos de los presuntos líderes de las estructuras vinculadas a la facción alias «Iván Mordisco», entre ellos «Chapolo», «Bleiner» o «El Viejo», «El Enfermero» y «Piolín», acusados de participar en delitos como extorsión, narcotráfico y otras actividades criminales.
El ultimátum también incluyó advertencias para miembros de otras organizaciones armadas y para delincuentes que, según el presidente electo, continúan coordinando actividades ilegales desde las cárceles.
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En este sentido, anunció que el próximo 8 de agosto algunos de ellos serán trasladados a cárceles de alta seguridad con restricciones más estrictas para evitar que sigan delinquiendo desde prisión.
Durante el mismo comunicado, De La Espriella aseguró que su gobierno tendrá presencia permanente en las regiones y confirmó que Tolima será una prioridad de seguridad.
Tras el anuncio, la gobernadora Adriana Magali Matiz respaldó las medidas, señalando que el ultimátum fortalece la estrategia de combate a los grupos armados ilegales que operan en el departamento. Asimismo, destacó el inicio de nuevas acciones contra la minería ilegal y las estructuras criminales que afectan a los municipios del Tolima.
