El jueves 15 de enero surgió una fuerte tensión institucional luego de que al menos diecisiete gobernadores anunciaran que no implementarían algunas partes del decreto de emergencia económica del gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro.
La decisión abre una nueva lucha entre la nación y las regiones por la gestión fiscal y la autonomía territorial.
El desacuerdo se centra en el Decreto Legislativo 1474 de 2025, mediante el cual el Ejecutivo introdujo ajustes tributarios durante el estado de emergencia, incluidos aumentos en los impuestos al consumo de licores, cigarrillos y otros productos.
Para varios líderes departamentales, estas medidas impactan directamente las finanzas regionales y trasladan recursos que tradicionalmente han sido la gestión territorial al nivel central.
Uno de los primeros en establecer un cargo fue el gobernador de AntioquíaAndrés Julián Rendón, quien anunció que su gobierno recurrirá a la excepción de inconstitucionalidad para no aplicar los artículos que considera contrarios a la Constitución.
Según explicó el Gobernador de Antioquia, el decreto viola la autonomía fiscal de los departamentos y pone en peligro el financiamiento de sectores clave como salud, educación y deporte.
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Esta posición no es única. Al menos diecisiete gobernadores, reunidos bajo la coordinación de la Federación Nacional de Departamentos, acordaron una estrategia conjunta, mientras el Tribunal Constitucional promueve controles automáticos de la constitucionalidad del decreto.
Las regiones destacan que el impuesto al consumo es una renta transferida que no forma parte del presupuesto general de la nación.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió que el aumento de estos impuestos podría incentivar el contrabando y reducir la recaudación efectiva, afectando directamente los programas sociales que se financian con estos recursos.
Hubo una respuesta inmediata del gobierno central. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión como un “mal precedente institucional” y advirtió sobre posibles consecuencias jurídicas para los dirigentes que desconozcan una norma que tiene fuerza de ley.
Mientras tanto, los departamentos reiteraron que sus acciones están dentro de los límites constitucionales y que la Corte Constitucional tendrá la última palabra.
