Un juez penal especializado condenó a los máximos dirigentes del ELN por el secuestro de periodistas ocurrido entre 2016 y 2017 en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.
Entre las víctimas se encuentra la reconocida periodista Salud Hernández-Mora, editora jefe de la revista SEMANA, además de comunicadores nacionales e internacionales.
La decisión judicial se produjo luego de evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que logró establecer la responsabilidad del Comando Central (Coce) y otros líderes guerrilleros por la detención ilegal de siete periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación, hechos que generaron amplia condena nacional e internacional.
Según el organismo acusador, los secuestros fueron ordenados directamente por la cúpula del ELN como estrategia de control territorial y presión política en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado.
El juez concluyó que los hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y a la libertad de prensa.
¿Quiénes son los condenados?
El fallo se refiere a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito; así como Leinner José Franco Pérez, alias Marcos o Barbas, y José Yuli Ávila Fierro, alias Cuyo o Jaguar, líderes del Frente de Guerra Nororiental.
Las víctimas del secuestro
Entre los periodistas afectados se encuentran Salud Hernández-Mora, secuestrado el 21 de mayo de 2016, y el equipo periodístico compuesto por Diego Alonso D’Pablos Aranda, el camarógrafo Carlos Alberto Melo Calderón y el conductor Jhon de Jesús Reales Barrera, detenido dos días después.
También aparece Diego Fernando Veloza Duque, junto a los locutores comunitarios William del Carmen Mora Trujillo y María Zulay Ropero, así como los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marle Follender, secuestrados en junio de 2017.
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El Ministerio Público enfatizó que este fallo representa un avance histórico en la lucha contra la impunidad y envía un contundente mensaje en defensa de la libertad de prensa y el ejercicio periodístico en zonas de conflicto.
