La tensión diplomática entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa ha escalado a un nuevo nivel de confrontación. El 23 de enero de 2026, la Cancillería de Ecuador anunció que no asistirá a la reunión de emergencia propuesta por Colombia para intentar desbloquear la crisis arancelaria que está poniendo a prueba el comercio binacional.
El gobierno de Noboa retrasó los inevitables compromisos con una misión de seguridad exterior y pospuso la reunión para la última semana de enero, mientras crece el clima de desconfianza en la frontera por las recientes medidas de represalia tomadas por ambos países.
El conflicto, que comenzó con la imposición por parte de Quito de un impuesto del 30% a los productos colombianos, ha llevado a una respuesta simétrica de Bogotá.
El Ministerio de Comercio de Colombia no sólo aplicó un arancel similar a los productos ecuatorianos, sino que también suspendió las ventas de electricidad al país vecino.
Según las investigaciones, el trasfondo de esta disputa no es estrictamente comercial, sino más bien una represalia directa de Noboa ante la insistencia de Petro en la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, a quien el presidente colombiano considera un “preso político” bajo tortura psicológica.
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La ministra de Asuntos Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, ha defendido la posición de su país, asegurando que las medidas apuntan a financiar la seguridad interna y reducir el contrabando, que está alimentando la violencia en su territorio.
En respuesta a la negativa de Ecuador a entablar conversaciones de inmediato, Petro ordenó controles absolutos en los pasos fronterizos, por tierra y mar, con un objetivo específico: detener el ingreso de suministros de fentanilo.
«Es una orden para detener cualquier entrada de fentanilo a Colombia, en cualquier lugar», dijo el presidente, quien intenta presionar al gobierno de Noboa no sólo en términos económicos, sino también en términos de seguridad nacional.
Ahora que la mesa de diálogo ha sido pospuesta, el comercio entre ambos países entra en una fase de incertidumbre que amenaza con encarecer los productos básicos para los ciudadanos de ambos países.
