La relación comercial entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más complejos tras la entrada en vigor, el pasado 1 de febrero, de medidas arancelarias del 30% entre ambos países. La decisión ya comienza a sentirse en la frontera, donde se reportan congestiones, incertidumbre en la cadena logística y crecientes preocupaciones sobre el impacto en la economía y la seguridad.
En las horas previas a la aplicación de los nuevos aranceles, se registraron largas filas de camiones en los accesos al Puente Internacional de Rumichaca, principal paso terrestre entre ambos países. Los transportistas intentaron transportar mercancías antes de que los nuevos aranceles aumentaran los costos de exportación e importación. Aunque fue posible realizar trámites aduaneros extraordinarios, una parte importante de la carga quedó atascada.
Impacto económico desigual
Gremios empresariales nariñenses advierten que las medidas no afectan por igual a ambos países. Colombia, que exporta a Ecuador más productos de los que importa, podría enfrentar un impacto mayor, especialmente en sectores como la manufactura, la agroindustria, los textiles, el calzado y los bienes de capital.
Alfredo Buchelli, director de Fenalco Nariño, explicó que alrededor del 40% de los movimientos comerciales transfronterizos podrían verse afectados, poniendo en riesgo empresas y empleos consolidados desde hace años. Según el dirigente, la pérdida de competitividad frente a productos de otros países, como Perú, podría llevar a una reducción duradera de las exportaciones colombianas al país vecino.
Transportistas alertan sobre contrabando e inseguridad
El sector del transporte también expresó su preocupación. Señala Manuel Romo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño radio caracol que Ecuador ya emitió la resolución que impone el cobro del 30% como tasa aduanera, mientras que en Colombia aún no se formaliza el decreto equivalente, generando un escenario de incertidumbre operativa.
Romo advirtió que la caída del flujo legal de mercancías podría fomentar el uso de rutas irregulares, especialmente para productos como el arroz, aumentando el contrabando y los riesgos de seguridad en la zona fronteriza.
Esto podría interesarte: ¡Emoción comercial! Entrarán en vigor aranceles del 30% entre Colombia y Ecuador
Protesta binacional en Rumichaca
Ante la falta de avances visibles, transportistas colombianos y ecuatorianos anunciaron una movilización conjunta denominada Marcha por la Dignidad Fronteriza. La protesta está programada para el martes 3 de febrero e incluirá una caravana de vehículos y una caminata que convergerá en el Puente Internacional de Rumichaca.
La convocatoria pretende reunir a más de un millar de transportistas de ambos países y pretende presionar a los gobiernos para reactivar el diálogo diplomático y evitar una prolongación del conflicto comercial. Los organizadores sostienen que este tipo de restricciones en el marco de la Comunidad Andina contradicen los principios del libre comercio regional.
Un conflicto con trasfondo político y de seguridad
La tensión surgió tras el anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien justificó la imposición de aranceles alegando una falta de cooperación en materia de seguridad fronteriza y una balanza comercial desfavorable. En respuesta, el gobierno colombiano anunció medidas similares, intensificando el conflicto.
Esto se desprende de las cifras oficiales de los medios nacionales y otros. el tiempoEcuador es uno de los principales destinos de exportación de Colombia, con ventas que superan los 1.600 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025. Por lo tanto, los líderes empresariales coinciden en que una guerra arancelaria prolongada podría afectar gravemente a ambas economías y deteriorar aún más la seguridad fronteriza.
Mientras avanzan los contactos diplomáticos y se evalúa una posible intervención de la Comunidad Andina como mediadora, la frontera se mantiene en alerta. Transportistas, comerciantes y autoridades locales coinciden en que el tiempo corre en su contra y que una solución negociada es clave para evitar mayores pérdidas económicas y sociales.
