El Ministerio Público asestó un golpe decisivo a la impunidad en el ámbito de la salud al acusar formalmente a José Fernando Cardona Uribe, ex presidente de la Nueva EPS, y a tres de sus antiguos colaboradores cercanos.
Según el organismo acusador, entre 2019 y 2022, los exdirectores lideraron una red criminal para ocultar la quiebra de la entidad a través de informes financieros falsificados.
Esta maniobra habría permitido reportar ganancias inexistentes por más de 70.000 millones de pesos, engañando a la Junta Directiva y a la Superintendencia de Salud para evitar intervenciones y garantizar la renovación de la licencia de funcionamiento.
La investigación, liderada por la Dirección Especializada Anticorrupción, encontró que el equipo de finanzas dejó de procesar cerca de $14 millones en facturas por servicios prestados por diversas IPS, ocultando deudas astronómicas.
Al presentar estos estados financieros falsificados, el gobierno de Cardona Uribe demostró una irreal solidez económica que no se correspondía con las pérdidas millonarias que registraba la EPS año tras año.
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Por estos hechos, los sospechosos deberán comparecer ante los tribunales por los delitos de falsificación de documento privado, fraude procesal y omisión de control de establecimientos de salud; Además, Cardona enfrenta cargos de malversación de fondos por apropiación.
Se espera que el juicio oral, que promete revelar más detalles sobre cómo las cuentas fueron «fabricadas» para ocultar la brecha tributaria, comience con la audiencia preliminar el 23 de febrero de 2026.
Los peritos contables del CTI presentarán el más alto nivel de evidencia procedente de la inspección de más de 3,4 millones de facturas que fueron archivadas para simular solvencia.
De ser declarados culpables, los exfuncionarios podrían enfrentar sentencias ejemplares por poner en peligro la estabilidad del sistema de salud del país y poner en peligro la vida de miles de colombianos.
