En un informe reciente, la Contraloría General de la República aseguró que el gobierno nacional cuenta con los recursos financieros necesarios para afrontar de inmediato la emergencia invernal que vive el país.
Según el organismo, el Fondo Nacional para la Gestión de Riesgos reporta una disponibilidad de mil 690 millones de pesos, sumado a las reservas presupuestarias del año anterior, casi mil millones de pesos.
Esta cantidad de un millón de dólares podría utilizarse de inmediato en zonas que no estén en peligro, independientemente de la urgencia de declarar una emergencia económica.
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El Ente de Control Presupuestario ha anunciado un seguimiento especial a estos fondos para garantizar que no se pierda ni un solo peso en el cuidado de las más de 94.000 familias afectadas en el país.
La lupa se pondrá sobre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a la que ya se le exige que proporcione información detallada sobre su plan de acción específico. Además, la Contraloría verificará estrictamente que cada centavo recaudado a través de las nuevas medidas tributarias se utilice única y exclusivamente para superar la crisis climática.
Sin embargo, el panorama de ejecución genera dudas ya que se han observado graves falencias en la coordinación entre los municipios y la UNGRD, retrasando la llegada de ayuda humanitaria a sectores críticos.
Los antecedentes no ayudan: la Contraloría recordó que ya había advertido sobre la baja implementación de recursos de ayuda para desastres en 2023 y que actualmente hay cinco procesos de responsabilidad fiscal en marcha por más de $62.000 millones.
Con un balance oficial que ya ha cobrado la vida de 17 personas y destruido más de 4.000 viviendas, aumenta la presión sobre las instituciones para que el dinero llegue finalmente a quienes lo han perdido todo en departamentos como La Guajira, Antioquía y Chocó.
