En un hecho inédito que agrava la crisis del sector, la organización Pacientes Colombia, que agrupa a 202 asociaciones de usuarios, ha presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La acción legal se basa en un presunto fraude a una resolución judicial, alegando que el funcionario incumplió “a sabiendas y en repetidas ocasiones” múltiples órdenes del Tribunal Constitucional encaminadas a garantizar la adecuación financiera del sistema.
Según los denunciantes, esta omisión administrativa ha generado una inestabilidad que pone en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.
La denuncia alega que Jaramillo ignoró sentencias históricas, como la sentencia T-760 de 2008, al no ajustar adecuadamente la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con base en estudios técnicos y no únicamente en función de la inflación.
Además, en los presupuestos máximos se cuestionan los pagos tardíos e insuficientes, lo que ha provocado inestabilidad financiera para las entidades crediticias.
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Pacientes Colombia también advirtió que las mesas técnicas ordenadas por la Corte Suprema han sido utilizadas sin consulta real como un “mecanismo formal”, excluyendo actores clave y ocultando información técnica esencial.
Este fuerte movimiento legal se conoce a pocos días de la muerte del niño Kevin Acosta, caso que se convirtió en la cara de la inestabilidad del sistema tras la falta de suministro de medicamentos contra la hemofilia.
Mientras el Ministro Jaramillo insiste en que el sistema “paga a tiempo” y atribuye tragedias como la de Kevin a la falta de prevención en las actividades físicas, organizaciones de pacientes piden medidas urgentes, incluida la suspensión temporal de las funciones del Ministro relacionadas con la transferencia de fondos, para evitar que el financiamiento siga cobrando vidas en el país.
