Una estructura criminal dedicada a la manipulación de expedientes y la extorsión sistemática ha socavado la justicia en Colombia. Las revelaciones de Juan Carlos Ramírez Taborda, alias “Manicomio”, expusieron un mecanismo de corrupción mediante el cual funcionarios de la Dirección de Lavado de Activos del Ministerio Público, junto con miembros de la Policía Nacional, exigían sumas superiores a los $1.000 millones de pesos a imputados y exnarcotraficantes a cambio de determinar su suerte jurídica.
Bajo el alias ‘Manicomio’, esta red utilizaba el acceso privilegiado a información reservada para intimidar a sus víctimas, entregando incluso fragmentos de archivos en memorias USB o servilletas al búnker del Ministerio Público en Bogotá.
Al parecer, el acceso a los juicios permitió a los implicados realizar un ‘libro de guiones’ de amenazas, documentadas en allanamientos, que incluían seguimientos y fotografías de los afectados y sus abogados.
Lea también: Atlético Nacional confirmó los convocados para recibir a Alianza
Se alega que los funcionarios recibieron pagos para manipular informes forenses, creando lagunas técnicas que en última instancia darían lugar a demandas. Como resultado de la investigación fueron detenidas ocho personas, entre agentes del CTI, policías y un presunto abogado que presuntamente recibió pagos de hasta 300 millones de dólares cerca del búnker.
A pesar de las detenciones, el denunciante asegura que el plan sigue vigente y que figuras poderosas siguen libres.
Ramírez Taborda señaló una falta de protección estatal efectiva y que tanto él como su abogado siguen siendo objeto de vigilancia e intimidación por parte de sicarios.
El acceso ilegal al sistema para descargar denuncias y amenazas de muerte refleja la vulnerabilidad de quienes deciden cooperar con el sistema de justicia, en un caso que muestra cómo los tentáculos de la corrupción han logrado penetrar las oficinas encargadas de perseguir el crimen organizado en el país.
