En un intento desesperado por frenar el crimen que azota a las principales capitales, los alcaldes Carlos Fernando Galán y Alejandro Char se reunieron en el búnker del Ministerio Público para pronunciarse en contra del sistema de justicia.
La preocupación no es menos grande: en Bogotá el 94% de los presos siguen en libertad, mientras que en Barranquilla es el 80%, según datos de Asocapitales.
Esta impunidad ha provocado enfrentamientos entre las autoridades locales y los jueces, porque aunque la policía tiene la tarea de detener a los bandidos, muchos acaban en la calle a las pocas horas por decisiones que los dirigentes encuentran incomprensibles.
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El alcalde Galán ha destacado la brecha entre los esfuerzos policiales y la respuesta de los jueces, advirtiendo que esta impunidad afecta directamente a las estrategias de seguridad y socava la confianza de la gente en la justicia.
Desde mediados de febrero, Galán ha estado trabajando en una propuesta para reformar el Código Penal, buscando que la detención flagrante sea motivo suficiente para emitir una orden de alejamiento, sin dar a los jueces la misma libertad para liberar a los reincidentes según las interpretaciones legales.
La reunión con la Fiscal General Luz Adriana Camargo tuvo como objetivo perfeccionar los procesos de detención para que los arrestos se mantengan y los delincuentes peligrosos no queden atrapados en un círculo vicioso de cometer delitos cada vez más graves.
Galán, a través de Asocapitales, busca el apoyo de expertos y otros dirigentes para llevar al Congreso una ley que valore la violencia física como motivo obligatorio de prisión preventiva.
