La medida se enmarca en los Diálogos de Paz Urbana que adelanta el Gobierno Nacional en el penal de La Paz Itagüíquiere ofrecer a estos líderes la oportunidad de participar como portavoces en una mesa de negociación sociojurídica encaminada al sometimiento colectivo y al desarme de sus organizaciones.
Entre los líderes pandilleros se encuentran miembros de grupos como La Terraza, Pachelly, El Mesa, Los Triana, Robledo, Caicedo, Niquía, Las Chatas, La Unión, La Silla, La Milagrosa y La Agonía, pandillas que han estado presentes en los barrios del área metropolitana de Estados Unidos desde hace décadas. Medellín.
Los líderes que ya son libres
De las 23 personas que se beneficiaron con la suspensión de órdenes de aprehensión, siete ya se encontraban en libertad antes de esta decisión, ya sea porque habían cumplido sus penas o porque habían recibido beneficios judiciales previamente.
- Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, identificado como líder del grupo El Mesa y condenado por homicidio agravado.
- Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber, integrante de Pachelly, condenado por concierto para delinquir agravado y financiación de grupos terroristas.
- Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo, relacionado con la estructura La Silla.
- Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente, del Grupo Colegiado, enfrenta investigación por financiamiento del terrorismo y estructuras criminales.
- Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado, también del Grupo Colegiado.
- Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo, de Los Triana, está acusado de concierto para delinquir.
- Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica, de Pachelly, fue investigado por concierto para delinquir agravado y porte ilegal de arma.
Líderes con órdenes suspendidas
Los 16 restantes permanecen en la cárcel de Itagüí, pero sus órdenes de aprehensión han sido congeladas durante el juicio.
- Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio, del GDO Trianón, está acusado de concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
- Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe, de La Unión, está imputado por narcotráfico y homicidio agravado.
- Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, de La Terraza, respondiendo por concierto para delinquir agravado, tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas.
- Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, líder del grupo Robledo, ha sido condenado por asociación delictuosa, asesinato y extorsión.
- A Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado, del Grupo Colegiado, se le imputan los delitos de homicidio y concierto para delinquir.
- Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, de El Mesa, fue condenado por concierto para delinquir, homicidio, lavado de dinero y hurto.
- José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, jefe histórico de La Terraza, ha sido condenado por desaparición forzada, amenazas y asesinato.
- Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya, también de La Terraza, fue condenado por homicidio doloso.
- Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, de Las Chatas, fue condenado por concierto para delinquir y hurto.
- Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa, de La Terraza, enfrenta investigación por concierto para delinquir.
- Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, de Caicedo, fue condenado por concierto para delinquir y robo agravado.
- Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre, de La Unión, fue condenado por concierto para delinquir.
- Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas, de Niquía, es investigado por concierto para delinquir y portación de armas.
- Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, de La Agonía, responde por concierto para delinquir graves y portación de armas.
- A Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro, de La Milagrosa, se le imputan los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y tenencia de arma.
- Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23, de Niquía, fue condenado por concierto para delinquir, homicidio, extorsión y desplazamiento forzado.
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La medida no estuvo exenta de problemas. Tanto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresaron públicamente su consternación, advirtiendo que este tipo de decisiones podrían interpretarse como una señal de impunidad y, en el peor de los casos, como un apoyo institucional que finalmente fortalece a las mismas organizaciones que el Estado dice querer desmantelar.
La suspensión tiene un plazo inicial de seis meses y puede prorrogarse en función de los avances que realice la junta. Sin embargo, las autoridades han dejado en claro que el beneficio no equivale a la libertad automática para quienes tienen medidas de seguridad activas para otros delitos.
El debate continúa sobre si este es el camino correcto para pacificar el Valle de Aburrá o si simplemente abre la puerta a la impunidad.
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