La emergencia económica declarada por el gobierno nacional a finales de 2025 fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional de Colombia, que tomó la decisión por una mayoría de seis magistrados, frente a dos que se desviaron del fallo.
Con esta constatación, la Corte Suprema anuló el decreto por el cual el ejecutivo quería tomar medidas excepcionales, porque no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución para este tipo de declaraciones.
La decisión se produjo luego de analizar una presentación del juez Carlos Camargo, quien afirmó que la emergencia económica no se ajustaba al marco legal vigente.
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La Sala Plena aceptó este criterio y sentó un precedente respecto del uso de estados de excepción en el país.
El gobierno, por su parte, había solicitado la anulación de sentencias judiciales anteriores que suspendían la aplicación del decreto, alegando posibles irregularidades en el proceso. Sin embargo, estas apelaciones no tuvieron éxito y finalmente se tomó una decisión de fondo.
El fallo también deja abierta la discusión sobre los instrumentos de los que dispone el Gobierno para hacer frente a situaciones excepcionales, así como las limitaciones que impone la Constitución a su aplicación.
