Un escándalo que mezcló Valnato en vivo, licores, refrigeradores, consolas de videojuegos y lavadoras sacudió el sistema penitenciario de Colombia en abril de 2026 y colocó la política de Paz Total del gobierno de Petro en el centro del debate nacional.
El motivo fue la difusión de videos de una celebración privada organizada por líderes de estructuras criminales en el penal de Itagüídonde varios de estos individuos participan como portavoces de la mesa de diálogo de paz urbana.
Según las denuncias, el evento habría incluido un concierto del cantante Nelson Velásquez con un costo estimado de 500 millones de pesos.
En una inspección sorpresa del INPEC luego de hacerse público el escándalo, se encontraron en los patios del penal de Itagüí elementos totalmente ajenos a un centro penitenciario: refrigeradores, módems WiFi, lavadoras, estufas y consolas de videojuegos.
El descubrimiento provocó el despido de 11 funcionarios penitenciarios por supuestos fallos en los protocolos de seguridad y posible corrupción interna.
El Gobierno Nacional, a su vez, ha suspendido temporalmente la mesa de diálogo con las estructuras criminales del Valle de Aburrá, incluidas La Terraza y Pachelly, hasta que se esclarezcan responsabilidades.
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Pero para el alcalde de MedellínSegún Federico Gutiérrez, la fiesta no es un hecho aislado, ni un simple error administrativo: es la expresión más visible de lo que considera una política de complacencia deliberada hacia el crimen organizado.
“Lo único que vemos es un pago de favores del gobierno nacional a las peores estructuras criminales”. declaró el presidente.
Gutiérrez también se opuso a lo que describió como el uso de canales oficiales del gobierno para dar voz pública a los miembros de estas organizaciones.
«Se convirtieron en portavoces de las peores estructuras criminales. Entregaron el país», afirmó, advirtiendo que esta permisividad explica el crecimiento registrado por grupos como la disidencia, el ELN y el Clan del Golfo en los últimos años. “Crecieron con la complacencia del gobierno nacional”indicó.
El escándalo del partido se suma a la ya encendida polémica por la suspensión de órdenes de aprehensión contra 23 dirigentes del Valle de Aburrá, decisión que el Ministerio Público tuvo que revertir parcialmente.
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