La Corte Suprema cerró la puerta a los reclamos de libertad de los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, quienes intentaron salir del ala de servicio civil del penal La Picota.
Ambos excongresistas, procesados por su presunta participación en el multimillonario saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), están acusados de soborno indebido y malversación por apropiación.
Aunque su defensa alegó un supuesto vencimiento de los plazos, el Tribunal Supremo dictaminó que los plazos legales aún no han vencido y confirmó la medida de aseguramiento impuesta desde mayo de 2025.
El argumento de los abogados se centró en que han transcurrido más de seis meses desde que la acusación quedó firme, sin que se haya iniciado formalmente el juicio. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia aplicó una jurisprudencia importante: debido a la complejidad de las pruebas y la necesidad de realizar actuaciones en el extranjero, las condiciones para determinar la fecha de vencimiento se duplican.
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El punto de quiebre de esta decisión fue la imposibilidad de contactar a Carlos Ramón González, el testigo clave del caso, quien se encuentra prófugo y asilado en Nicaragua.
Según el informe del CTI del 13 de abril de 2026, los esfuerzos para dar con su paradero no han tenido éxito, lo que justifica jurídicamente la extensión de la prisión preventiva.
Además del factor internacional, el Juez Relator señaló que la reciente vacancia judicial de finales de año también suspendió los plazos procesales, impidiendo a la Cámara procesar las solicitudes de prueba con la celeridad esperada.
Según el Tribunal, no se trata de un retraso injustificado por parte del poder judicial, sino de una dificultad técnica y logística propia de un caso de corrupción transnacional. De esta manera, Nombre y Calle deberán permanecer tras las rejas mientras continúa el proceso para determinar su responsabilidad en uno de los escándalos de corrupción más graves que ha sacudido las instituciones del país en la última década.
