El Ministerio Público expuso una red de corrupción que utilizó la figura del Programa de Asociación Municipal para dirigir contratos de proyectos financiados con fondos del Sistema General de Regalías (SGR), en medio de irregularidades en su implementación y apropiación de fondos públicos.
Investigaciones realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Arauca (Arauca), Barranquilla (Atlántico) y Cantagallo (Bolívar) capturaron a nueve de los responsables de las actividades delictivas. Estos son el creador, los representantes legales, los coordinadores de planificación y finanzas y el tesorero de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca).
Se dice que estas personas se pronunciaron de tal manera que Aremca sería designado por los alcaldes y gobernaciones como ejecutor de las regalías. Luego de recibir la garantía, al parecer gestionaron 101 proyectos por un valor de más de 496.000 millones de pesos. Estos procesos tuvieron como objetivo desarrollar obras civiles, auditorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agropecuarios y alimentarios, incluso en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.
De la prueba material se desprende que la contratación fue contraria a los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva. Asimismo, son responsables de la posible malversación de fondos de regalías por 3.200 millones de pesos en iniciativas que supuestamente se implementarían en Arauca.
En el transcurso de la investigación, también se conoció que Aremca habría dejado de retener 14.000 millones de pesos correspondientes a la Contribución Especial para Obras Públicas, impuesto que incluye un aporte del 5% del valor total de los contratos firmados con entidades estatales para financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Los capturados, presuntamente involucrados en esta red criminal, fueron identificados como Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Saez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo.
Un fiscal de la Dirección Especial Contra la Corrupción los presentará ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, les imputará delitos como concierto para delinquir agravado, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, delito por acción, delito por negligencia, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito de personas, entre otros.
Esta acción legal se encuentra entre los casos priorizados por el Grupo de Trabajo Especial establecido para identificar y procesar a quienes estén involucrados en actos de corrupción que pongan en peligro los recursos del Sistema General de Regalías (SGC). Este sistema está integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la Unidad de Fiscales Delegados de la Corte Suprema y otras dependencias de la entidad.
Esta información se publica por razones de interés público.
