Las devoluciones de impuestos se están convirtiendo en el centro del debate presupuestario de Colombia tras una decisión de la Corte Constitucional de Colombia que dejó sin efecto un decreto emitido durante la emergencia económica declarada a finales de 2025.
La Corte Suprema resolvió que la norma que sustentaba diversos gravámenes tributarios no era conforme a la Constitución, implicando que dichos gravámenes no pueden ser reclamados ni compensados por la DIAN.
En consecuencia, ordenó la devolución a los contribuyentes de los montos recaudados bajo este marco.
La decisión incluye tanto impuestos directos como indirectos. En el primer caso, se determinó que estos no deben cobrarse ni declararse, mientras que en el segundo caso, como el IVA que grava determinados productos y actividades, deben devolverse a quienes puedan acreditar que han aceptado el pago.
Según estimaciones preliminares, el importe a reembolsar podría superar los 20.000 millones de dólares.
Para cumplir con esta orden, la DIAN tendrá un plazo de casi un mes para definir los mecanismos que permitirán los reembolsos, ya sea a través de los procedimientos existentes o mediante nuevas disposiciones.
A pesar de la anulación del decreto, el Tribunal ha determinado que una serie de condiciones siguen vigentes. En particular, no se revertirán los beneficios fiscales otorgados durante la aplicación de la medida, con el objetivo de salvaguardar la seguridad jurídica de quienes hayan tenido acceso a ellos.
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La decisión fue adoptada por unanimidad de los jueces participantes, aunque algunos brindaron aclaraciones adicionales sobre el alcance del fallo. Se espera la publicación completa de la sentencia en los próximos días, en la que se detallarán los fundamentos jurídicos de esta sentencia.
Mientras tanto, la implementación de reembolsos será fundamental para determinar el verdadero impacto de esta decisión en las finanzas públicas y los contribuyentes.
